Información: Gobierno demanda ?cambio de actitud? de dirigentes opuestos al proyecto Tía María - 29/04/2015 20:04:00
El ministro de Agricultura, Juan Manuel Benites, consideró necesario que los dirigentes de la provincia de Islay, opuestos al proyecto minero Tía María, muestren un cambio de actitud y una voluntad de acercamiento, a fin de retomar el diálogo orientado a solucionar el conflicto social por este tema.Ver artículo... Fuente Artículo
Interesante, Gobierno deplora negativa de dirigentes a dialogar y dice que no permitirá violencia - 29/04/2015 17:03:00
El ministro de Agricultura, Juan Manuel Benites, deploró hoy la negativa de los dirigentes de la provincia de Islay opositores al proyecto Tía María a participar en la mesa de diálogo convocada para hallar una solución al conflicto social en esta zona a través del consenso y descartando la paz social.Ver artículo... Fuente Artículo
Información: TEMAS DE FONDO SOBRE LA ACTUACION POLICIAL - 13/02/2015 13:23:47
" Durante los últimos dos meses. se han suscitado una serie de críticas a la actuación de la Policía Nacional, en el trato frente al ciudadano. A continuación, un recuento:El "gas gratis" que la PNP acostumbra mandar en cada manifestación contra el gobierno (recuerden las manifestaciones contra la Ley de Empleo Juvenil).
Las pocas facilidades que se brindan a los abogados de los ciudadanos que son llevados a Seguridad del Estado luego de cada marcha en Lima.
El empleo de armas de fuego - primero negado y luego reconocido - en las protestas en Pichanaki. Recuerden, hay un fallecido por impacto de bala. Ojo que quieren llevar el caso al Fuero Militar Policial, cuando no corresponde.
El maltrato a los ciudadanos que fueron a marchar ayer a las oficinas de Pluspetrol.
La vergonzosa sentencia en el caso de Gerson Falla, ciudadano torturado en la comisaría de San Borja hace algunos años. Solo un policía fue condenado y por lesiones graves.
La agresión de un policía a un taxista en medio de una intervención en San Juan de Lurigancho.
La participación de la Policía en los intentos de desalojo a Máxima Acuña de Chaupe por parte de Yanacocha.
Varias cosas que decir al respecto de varias actuaciones que tienen en común algo: poco criterio y abuso.
LA RESPONSABILIDAD DE URRESTI
En las redes sociales, hay un hashtag bastante popular: #UrrestiDebeIrse.
Soy de quienes cree que el actual ministro del Interior no debe estar en el cargo. Una persona que tiene pendiente una acusación por asesinato, en medio de la peor situación de violencia que vivió en el país en el último siglo, no es la persona más indicada para estar en un puesto que, precisamente, se ocupa de la seguridad interna y la protección a los ciudadanos. Peor aún cuando dicha persona ha dado muestras comprobadas de ineficiencia, poca tolerancia a la crítica y dedicación durante varias semanas a los ataques personales antes que a los temas de su sector.
Asimismo, en cualquier país del mundo que se precie, el ministro del Interior habría puesto su cargo a disposición ante un fallecido en un conflicto social. Hace 30 años eso hacían los titulares de dicho sector en el Perú. Las palabras "responsabilidad política", simplemente, no existen en el vocabulario ministerial.
Además, hay un tema que complica la permanencia de Urresti. La acusación por su presunta participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos hace que cualquier actuación policial donde se cometan abusos sea directamente achacada a él. Para decirlo claro, muchos lo ven como objeto de sospecha y, por tanto, como una persona capaz de - literalmente - hacer cualquier cosa por reestablecer "el orden". En ese contexto, donde cualquier hecho va a ser puesto en conocimiento vía redes sociales, la permanencia de un ministro con este antecedente convierte en aún más sospechosa cualquier actuación policial.
Pero el problema no se acaba solo con Urresti.
LA ACTUACIÓN POLICIAL EN CONFLICTOS SOCIALES
Normalmente, las zonas donde ocurren conflictos sociales vinculados con industrias extractivas cuentan, en principio, con poca dotación policial. Por lo general, estamos hablando de lugares del país donde solo están las comisarías del lugar, con oficiales y suboficiales básicamente entrenados para enfrentar el delito común. La atención policial se centra más en Lima y en las ciudades principales del país.
¿Qué es lo que ocurre? En defecto de una fuerza policial regular, llega a estas zonas del Perú personal de la División de Operaciones Especiales (DINOES). Y aquí se encuentran dos problemas. El primero es que las funciones y entrenamiento de los miembros de esta unidad policial está dirigido, básicamente, hacia el combate a la subversión y al narcotráfico. Se trata de fuerzas dentro de la Policía Nacional que están destinadas a una función cuasi militar.
El segundo es que las empresas extractivas compran los días de franco del personal policial y, en algunos casos, esta situación lleva a la suscripción de convenios. Si bien los mismos no son ilegales per se, si llevan a una situación de casi privatización de la Policía y, sobre todo, de identificación de las fuerzas del orden con los intereses de las empresas mineras y petroleras. La confianza y la legitimidad de la actuación de la Policía Nacional se ven disminuidas cuando se sabe que las empresas han suscrito estos convenios y, además, cuando el personal policial se traslada en vehículos de estas compañías.
Así las cosas, tenemos a oficiales entrenados para luchar contra el terrorismo puestos a custodiar a una empresa minera - que les compra el franco - frente a la protesta de civiles. Una situación anormal por donde se le mire.
POCO CONOCIMIENTO Y ENTRENAMIENTO EN PROTOCOLOS POLICIALES
Aunque usted, amigo lector, no lo sepa, la Policía Nacional del Perú cuenta con un Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial, con un Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Imponer la Ley, así como una Cartilla para el personal policial que participa en operaciones de mantenimiento y restablecimiento del orden público.
Es decir, en teoría, la PNP tiene una serie de procedimientos que dan los pasos a seguir en una actuación policial dentro del marco de la Constitución y la Ley. Ojo, no se trata - como algunos enfatizadores de la "mano dura" señalan - de documentos que "atan de manos" a la Policia. Por el contrario, he tenido ocasión de leerlos y tranquilamente los agentes del orden pueden actuar eficazmente en este marco.
Sin embargo, durante los últimos años, al conversar con personal policial, me queda claro que la formación en torno a estos documentos es escasa y se limita a charlas, sin que se haga mucho entrenamiento de campo. Pesa también un problema ya detectado por expertos en seguridad interna: incremento de escuelas policiales, con miras a formar rápidamente a oficiales y suboficiales que salgan a la calle a patrullar, pero con escasa profundización de estudios y formación, lo que comprende cuestiones elementales como manejo de armas.
Como bien señaló Cesar Bazán, jefe del área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal:
"Nosotros analizamos dos ejes, cómo se forman en Derechos Humanos y Policía Comunitaria los oficiales. Es decir, cómo se relacionan los policías con la población no para atacarla o asustarla, sino para tenerla como un aliado para enfrentar a la delincuencia. Lo que hemos encontrado son varias cosas. Salió una Ley de Educación Policial y recientemente salió un reglamento, pero a su vez hay esfuerzos para frenar este tipo de reformas", declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"En materia de Derechos Humanos la formación es bastante deficiente. Tienen un curso en los cinco años de estudios, tienen solamente un curso de Derechos Humanos y en ese curso se enseñan materias bastante teóricas, que poco aportan a lo que los policías hacen en la práctica. Es decir, a un policía le sirve mucho más cómo se respetan los derechos humanos al momento de hacer una detención o al momento de hacer un parte policial o al enfrentar una protesta social y eso es mucho más valioso porque son los derechos humanos en vivo en la práctica, en el momento de acción", opinó.
Allí nos explicamos porque la PNP está acostumbrada a atacar o asustar al ciudadano. Sumemos a ello una cultura policial donde la persona que va a pedir un servicio o hacer una denuncia - salvo honrosas excepciones - es vista como sospechosa antes que como un ciudadano al que debe brindarse todas las garantías del caso. O, por los miembros corruptos de la institución - hay varios honestos - como un potencial punto para coimear.
FINALMENTE, TAMBIEN ES PROBLEMA DE CIVILES
No solo me refiero aquí a los políticos que proponen normas para exonerar de responsabilidad a los policías que cometen abusos. De hecho, ahora está pendiente de discusión un proyecto sobre uso de la fuerza policial que tiene varios puntos que merecerían observación (revisen este breve informe del IDL sobre la materia). Sino también a cómo los civiles nos portamos frente a la actuación policial.
De un lado, están quienes perciben a la PNP como una mera réplica del legendario tema de Narcosis "Sucio Policía". Se olvida que los oficiales y suboficiales también son seres humanos con derechos y que la legitimidad de una causa social justa no da carta blanca para hacer vandalismo o para tirarle piedras a las fuerzas del orden. Por supuesto, en ningún caso, esto justifica ninguna de las actuaciones vistas durante las últimas semanas, pero también nos da cuenta de una caricaturización en la que no debemos incurrir tan alegremente. De hecho, recuerden que la mayoría de muertos en Bagua eran policías.
De otro lado, los partidarios de la "mano dura". Aquellos que hablan de "matar al delincuente" como única solución a la seguridad ciudadana, que clama en redes sociales porque "paren a estos rojos que protestan" o que incluso trata de solucionar problemas familiares llamando a la Policía Nacional. Varios de ellos dejarían empequeñecida a la familia conservadora retratada en la muy buena obra Otras Ciudades del Desierto, puesta en escena en un conocido teatro local. Para decirlo claro, son quienes creen que la PNP debe ser la fuerza del orden, entendido este último como el status quo político y social del Perú.
Como vemos, la situación va más allá de un ministro del Interior controvertido, sino que requiere una reforma de fondo en la Policía Nacional del Perú, que este gobierno parece no estar dispuesto a iniciar en lo que le queda de mandato.
(Foto: Captura de imagen de video de Villarealino)
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