Es Noticia, Nepotismo y amiguismo en el gobierno humaliento.- Escribe: Luis Alberto Latínez - 01/06/2015 13:04:32
" Extombo Hermógenes Pérez Mego. suboficial de la Policía Nacional del Perú hasta 2005 y principal asesor en asuntos policiales del inseguro Ollanta Humala (*)Doña Tania Quispe Mansilla, prima de la mujer de sonrisa caballuna. Hoy la funcionaria con nombre de guerrillera es Jefa de la SUNAT. Uno de sus primeros actos fiscalizadores fue subirse el sueldo de 15 mil soles mensuales a 25 mil soles mensuales. ¡Toma mientras. El que puede, puede!
Señorita Patricia Jiménez Mayor, hermana del Primer Ministro Juan Jiménez Mayor. En la SUNAT la conocen como ""4 x 4"" porque con el calzonudo Humala, de un sólo plumazo, se hizo multiplicar el sueldo cuatro veces. Disculpen las damas y caballeros la expresión pero no queda otra cosa que decir ¡Qué tal concha, carajo!
El Primer Ministro Juan Jiménez Mayor manifestó hace algunos días que el régimen humaliento no es un gobierno que trabaje con varas. "Probablemente en los años noventa [el Gobierno] funcionaba así. Aquí no hay familiares ni envarados".
Esta afirmación es falsa. Mencionaremos cuatro casos de recomendados, que demuestran que en el gobierno de Humala se continúa con estas malas prácticas:
1. Patricia Jiménez Mayor, hermana del Primer Ministro Juan Jiménez Mayor, ha sido ascendida a gerente de la SUNAT. Antes ganaba cinco mil soles; ahora recibe 20 mil soles mensuales. ¡Buen provecho Patty!
2. La jefa de la SUNAT, doña Tania Quispe Mansilla, es prima de la tía Nadine Heredia. Su primer acto fiscalizador fue subirse el sueldo de 15 mil soles mensuales a 25 mil soles mensuales. ¡Way to good, man!
3. El Director General de la Policía, General Raúl Salazar, se mantuvo en el puesto hasta hace poco, porque contaba con el apoyo de Hermógenes Pérez Mego, esposo de Silvia Heredia Mansilla, prima de Nadine Heredia. Este General ha puesto a disposición su cargo ante el sacolargo Humala, cuando debió hacerlo ante el Ministro del Interior.
4. Modestamente, el extombo Hermógenes Pérez Mego se gana los frejoles como asesor principal en asuntos policiales del despistado Humala. ¡Good job, Hermo!
(*) Preparado sobre la base de un texto del compañero Luis Alberto Latínez. Los ajos, cebollas y demás condimentos que adornan la nota pertenecen a este humilde servidor.
Marzo 10, 2013
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Información: Aprodeh: Estado ha venido defendiendo a Fujimori, Montesinos y Hermoza en caso Chavín de Huántar - 14/04/2015 13:38:47
" "Gallinazos" fueron exoneradosIdeeleradio.- Hasta el momento lo que ha venido haciendo el Estado Peruano es defender a los verdaderos responsables de estas ejecuciones extrajudiciales, señaló el director fundador de Aprodeh, Francisco Soberón.
Fue al subrayar que el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por supuestas ejecuciones extrajudiciales en el rescate de la residencia de la embajada del Japón no es contra los comandos de Chavín de Huántar.
"Lo que ha venido haciendo el Estado Peruano es defender a Alberto Fujimori, a Vladimiro Montesinos, a Nicolás Hermoza, Roberto Huamán Azcurra y al coronel EP (r) Jesús Zamudio. Nunca ha estado en discusión que hubiera responsabilidad de los comandos, siempre se señaló que la ejecución se produjo culminada la recuperación de la residencia del embajador de Japón", subrayó en el No Hay Derecho de Ideeleradio.
"Este no es un proceso para los comandos, la responsabilidad es de otros. Esto tiene que ver con lo que en su momento señaló el ministro Loret de Mola sobre "los gallinazos", algunos de estos "gallinazos" han sido exonerados de responsabilidad, pero el que queda ,porque no está habido y el Estado no hace nada para capturarlo, es el coronel Zamudio. Lo que corresponde es que pongan a disposición al coronel Zamudio para que se esclarezca la responsabilidad que pudo o no pudo tener él en esta ejecución", declaró.
En ese sentido, precisó que el fallo que emitirá la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) solo se referirá a la necesidad del juzgamiento de los presuntos culpables de las ejecuciones extrajudiciales, y no señalará una responsabilidad individual porque no es un tribunal penal.
"El debate va a ser duro [porque está el premier Pedro Cateriano, que fue procurador en este caso; el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, quien fue también procurador del caso; el embajador ante la OEA, Juan Jiménez Mayor, que fue premier y propició este tema], pero yo creo que lo importante es que la verdad se imponga y que la sanción correspondiente se produzca. Creo que eso es lo que todo queremos y no que se produzca encubrimientos y protecciones indebidas para evitar que se sancione a los responsables", aseveró.
"Ese es el sentido que establece. Como sabemos todos, la Corte IDH no es la que determina responsabilidad individual. La responsabilidad individual debe ser establecida por el Estado peruano y su sistema de justicia, eso es lo que va a exigir seguramente la Corte que defina definitivamente y no se espere otros 20 años sin hacer ningún esfuerzo el Estado Peruano por esclarecer", concluyó.
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Noticia, Sachademocracia - 14/04/2015 4:30:00
"¿Cuáles son los límites de la democracia en el Perú?, ¿hasta dónde es democrático nuestro país?, ¿qué está afuera y qué está adentro de esta democracia?, ¿la tramitología es democrática?, ¿la flexibilización es democrática? , ¿y los derechos humanos qué rol cumplen en esta democracia inflamada, sensible, amnésica y anémica?Considero que la actual democracia peruana está estructurada sobre el eje Estado-Leyes-Capital-Empresas-Extractivismo y que fuera de este eje se encuentran los derechos humanos, a pesar de que obviamente, en tanto normas internacionales y convenciones aceptadas dentro de nuestro marco legal, deberían ser su columna vertebral (lo son nominalmente). Los derechos humanos ni siquiera estuvieron en la agenda de los candidatos durante las elecciones de primera vuelta el 2011 y si salieron en la segunda vuelta, fue de manera táctica, porque a Ollanta Humala le convino retrucar las propuestas de Keiko Fujimori levantando el tema de las esterilizaciones forzadas, y a El Comercio y Peru21 arrostrarle al Capitán Carlos su pasado de Madre Mía.
La democracia peruana es una sacha-democracia porque no responde a un sistema de representación: ni el Poder Ejecutivo con un presidente que traicionó sus propuestas prístinas de recambio social, ni el Poder Legislativo con congresistas que, en realidad, no tienen por qué discutir temas de fondo pues están casi todos de acuerdo con el modelo económico extractivista y social autoritario, y si se torpedean, es porque necesitan pelearse la misma franja política. Por eso Alan García y Keiko Fujimori se dan la mano con Pedro Cateriano, ¿o realmente alguien cree que lo hacen por el Perú?
Pero también es una sachademocracia porque responde a un mandato ideológico que es crecer y crecer por el mismo hecho de hacerlo y no para distribuir económicamente y ampliar el acceso a derechos. Felizmente la denigrante metáfora del "chorreo" no se usa más: hoy el propio Papa Francisco la ha criticado duramente porque no propone redistribución sino miserabilismo. Hoy que en otras partes del mundo (Europa) se cuestiona el crecimiento per se, aquí en el Perú ni siquiera podemos plantearlo porque los hijos del orden cuestionan siquiera la pregunta (como lo hizo Pasquel hace un tiempo con una columna que escribí). El estereotipo de "Perú País Minero" se instala cada vez con más fuerza en los discursos de los miembros del Estado, y el Ministro de la Producción, Piero Ghezzi, a contracorriente, apenas puede sustentar en algunos ejemplos piloto su propuesta de diversificación productiva. En una sachademocracia como la nuestra, en los márgenes del Estado, los derechos humanos sirven para frenar la flexibilización de normas que un Estado, enajenado de su función tuitiva, implementa para atraer inversiones como sea. Por eso los pueblos indígenas presentan demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 30230 recabando 10 mil firmas: algo que un lobista a veces consigue con una línea de un correo electrónico ("porfa"). A su vez, los derechos humanos como defensa ciudadana permiten frenar los abusos de un Estado que prefiere usar a la Policía Nacional como seguridad de las empresas mineras o de hidrocarburos que prevenir a la población. Según la Defensoría del Pueblo son 46 personas muertas en conflictos sociales, de las cuales, 40 han caído por el uso de la fuerza de los operadores del Estado (PNP o EP). El Embajador ante la OEA, Juan Jiménez, no creyó en nuestra cifra y la negó el 17 de marzo ante la CIDH. Pronto le haremos llegar un archivo con el nombre de cada uno de esos 46 peruanos y peruanas, 12% menores de edad.
Kolumna Okupa
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