El hilo que sujeta al Perú: La relación especial entre el Presidente Humala y [los panzones d]el sector privado y Las tres preguntas claves del proceso de revocación

El hilo que sujeta al Perú: La relación especial entre el Presidente Humala y [los panzones d]el sector privado 2013-02-21 02:09:00

Según un reporte sobre Creación de Trabajo publicado en enero por el IFC, institución que pertenece al Grupo del Banco Mundial, el sector privado produce el 90% de los puestos de trabajo en los países en vía de desarrollo, por lo que juega un papel clave en su lucha contra la pobreza y su crecimiento económico. El Perú, durante los últimos 8 años, ha crecido a un promedio anual del 7%. Durante este tiempo, la inversión del sector privado peruano pasó de 15% a 21% del PBI y, en el 2013, se proyecta que alcance el 22%. La inversión directa extranjera en el 2012 fue de US$7,335 millones y se estima que llegará a un total de US$8,772 millones este año. Finalmente, en el 2012, las personas jurídicas que se encuentran bajo el régimen tributario de tercera categoría (es decir, las empresas/negocios) aportaron 56% del impuesto a la renta, sin contar contribuciones especiales, como aquellas impuestas a las mineras u otras.

Luego de desarrollar, producir y vender sus productos y servicios, el sector privado entrega al sector público sus contribuciones tributarias. El Estado utiliza estas contribuciones para financiar el funcionamiento del sector público. Es decir, con el pago de los impuestos de todos los ciudadanos, incluyendo a las empresas, el Estado paga a sus trabajadores y ejecuta sus programas. Este dinero es particularmente necesario para sostener aquellos programas sociales dirigidos a la población que se encuentran en situación de pobreza. A cambio, el Estado, a través de su Presidente (Congreso y las cortes), ofrece conservar la estabilidad política, económica y social del país para que el sector privado siga ejerciendo sus responsabilidades en una economía social de mercado, que estimula la creación de la riqueza, garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa bajo reglas de juego claras y justas para todos, orientadas por el Estado hacia el desarrollo del país. Por otro lado, el sector privado nacional espera que el Estado promueva sus productos y servicios en mercados extranjeros. Esta interacción entre el sector privado y el sector público es la base de su relación especial.

En Septiembre del 2008, el entonces Presidente Norteamericano Barack Obama heredaba la peor crisis financiera desde la Gran Depresión de 1930. Las instituciones financieras privadas más grandes de EEUU estuvieron a punto de colapsar. Obama tomaba el mandato presidencial durante una crisis que podía traerse abajo la economía mundial por la interconexión del sistema financiero internacional. En los tres primeros meses de la crisis, EEUU perdió alrededor de 650,000 puestos de trabajo, el nivel de desempleo llegó a 7% y el NYSE llegó a estar abajo 6,000 puntos. Las acciones de Citigroup, el tercer banco mas grande de EEUU, con la red financiera más grande del mundo, bajaron 23%, poniéndolo en riesgo de ser vendido o fusionado. Hasta empresas industriales como General Electric, nombrada la empresa más grande del mundo por Forbes en el 2009, se vieron afectadas, lo que alertaba sobre un potencial malestar que podía infectar la economía Norteamericana. Todo esto ocasionado por los banqueros de Wall Street. La opinión pública y las marchas en contra de los Gerentes Generales de los bancos más grandes de EEUU (GG) presionaban al Estado Americano para que tome decisiones drásticas. Por otro lado, países como Inglaterra, Irlanda, Islandia y China empezaban a verse como las siguientes víctimas del contagio del sistema financiero mundial.

Sin embargo, el Presidente Obama y su Secretario del Tesoro, Timothy Geithner, trabajaron con el sistema financiero para arreglar el problema. Se mantuvo la calma durante el transcurso de la resolución. El proceso fue largo y difícil, pero frontal y claro. No repartieron la culpa más que durante la campaña presidencial e, incluso entonces, fue marginal y con respeto. La hipótesis con que trabajaron fue “una economía funciona si el sector privado (financiero) funciona”, por lo que no se buscó reunir capital político personal a costa de la relación institucional entre el Estado y el sector privado. A final del día, Obama y los GG solo sostuvieron una reunión formal. En esta, a finales de Marzo de 2010 en la Casa Blanca, se concluyó que el Estado y los Bancos tenían que trabajar juntos para solucionar el problema. Cuando terminó la sesión, ambas partes declararon a la prensa “estamos en esto todos juntos”. Sabias palabras que podrían estar en el vocablo del Presidente Humala el día de hoy.

En el artículo que publica “The Economist” el pasado 2 de Febrero sobre el Perú, menciona que los peligros más grandes que tiene la “estrella de América Latina” son la sobre confianza y complacencia. Este artículo indica que, pese al crecimiento de los últimos años, aún existen serios problemas como el fortalecimiento del sol, que hace menos atractivas las exportaciones peruanas, el crecimiento excesivo del crédito y el mercado inmobiliario, que pueden recalentar la economía, la escasez de recursos humanos debido al pobre nivel de educación, que no optimiza el nivel de producción, y la fragilidad política, especialmente la parálisis del Congreso, así como la corrupción de la Policía Nacional y las cortes. En el Perú, “todo está [colgando] de un hilo” señala el Presidente del Grupo Apoyo, Felipe Ortiz de Zevallos, en dicho artículo. Por otro lado, Mirko Lauer reporta la semana pasada, en su columna en el diario “La República”, que existen dificultades en la SNMP, de donde los “petroleros” buscan separarse. Asimismo, informa que proyectos petroleros importantes están siendo bloqueados, y los proyectos de Conga y Cañaris siguen creando problemas sociales. El artículo de “The Economist” termina señalando: “se necesitarán cabezas frías y voluntades fuertes para prevenir que la fiesta se vaya de las manos”, refiriéndose al crecimiento económico del Perú.

El pasado domingo de este mes, el Presidente Humala mostró un síntoma de los peligros que mencionaba el autor del artículo de “The Economist”. No es sensato, pues, y hasta puede haber sido un poco mezquino, referirse a uno de los principales agentes del crecimiento económico del país como “esos panzones que creen que el crecimiento económico lo hicieron ellos sin saber que eso pertenece al pueblo peruano”, como lo hizo el Presidente en Ate Vitarte mientras inauguraba obras de agua y alcantarillado. El Presidente representa al Perú en todo momento y sus palabras son política de Estado: este es el poder que le concedieron los electores, y viene con responsabilidades. Debemos tener cautela y madurez política para no arriesgarnos a romper el hilo que sujeta al Perú, aún hay mucho camino por recorrer. La pobreza, si bien viene disminuyendo, se encuentra en 28% y hoy el Perú afronta retos que nunca ha tenido que enfrentar como país. “Estamos en esto todos juntos”, como dijeron los Americanos en uno de los peores momentos de su historia financiera. La relación especial debería fortalecerse y no inflamarse con demagogia. No hay excusa para insultar a los empresarios en ningún momento, menos aún cuando vivimos uno de los mejores períodos de la historia económica del Perú.

Las tres preguntas claves del proceso de revocación 2013-01-29 15:02:00

De un tiempo a esta parte, las argumentaciones a favor y en contra del proceso de revocación a Susana Villarán y a su equipo municipal, en muchos casos, parecen confundir dimensiones distintas de la discusión. A pesar de que este blog está pensado para comentar asuntos de políticas públicas más que de política en sí (la diferencia entre policy y politics que existe en inglés), dada la relevancia de la revocación, los conceptos utilizados en cada uno de los bandos merecen más de una revisión. A continuación se presenta un humilde esfuerzo por colocar los principales argumentos en sus respectivos contextos y esclarecer así el debate a través de las tres preguntas claves.

1. ¿Debió convocarse a una consulta popular para el proceso de revocación?

Formalmente, los artículos 2, 31 y 194 de la Constitución garantizan el derecho a la revocación de alcaldes y otras autoridades. A diferencia de la figura de vacancia, no hay causales explícitas para solicitar un proceso de revocación. La solicitud, según el artículo 21 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, debe ser “fundamentada y no requiere ser probada”. Así, entre los principales motivos de revocación de alcaldes en el Perú según el JNE se cuenta la “pérdida de confianza del pueblo en el alcalde”, “abuso de poder”, “incumplimiento de promesas”, entre otras causas igual de difíciles de probar en la mayoría de casos.

Guste o no, siempre y cuando se haya cumplido adecuadamente con recolectar el número de firmas necesario, la revocación debe sí o sí convocarse por ser un procedimiento democrático contemplado en el marco legal. Algunos argumentan, con cierta razón, que votar por el Sí es validar un procedimiento antidemocrático. Si bien es verdad que –como bien sostiene Augusto Álvarez Rodrich– a largo plazo el abuso de la institución de la revocatoria aplicada a autoridades legítimas puede minar la estabilidad política de distritos y regiones, también es cierto que las reglas del juego son claras. Más bien, lo antidemocrático, hoy por hoy, sería evitar llamar a consulta popular si las firmas han sido correctamente recolectadas, o hacer campaña por No con el argumento de que la consulta “no es democrática”.

En todo caso, si se quiere evitar este tipo de situaciones pero mantener la figura de la revocación, una buena opción sería acordar un cambio en la ley para que las autoridades municipales necesiten más que una mayoría simple para ser electas. El hecho de que Susana Villarán haya obtenido únicamente el 32% de los votos significa que aproximadamente 68% de la población tiene hoy una alcaldesa por la que no votó, lo cual resta en cierto modo legitimidad a la autoridad elegida y abre la puerta para que figuras como la revocación aparezcan al poco tiempo de electa.

2. ¿Son transparentes las campañas por el Sí y el No?

A la mayor parte de la población que ha venido siguiendo ambas campañas le queda claro que la rendición de cuentas (financieras) no es cualidad de ninguna. Desde los supuestos donantes que posteriormente niegan abiertamente su contribución en la campaña por el Sí hasta el hermetismo respecto de la contratación de Luis Favre y su equipo en la campaña por el No, la sensación general es que existen intereses no develados detrás de ambas partes. A mi modesto entender y sin ánimos de hacer una acusación directa, la falta de trasparencia en el No sería incluso políticamente más grave por saberse que estos tienen acceso a fondos públicos. Aunque el JNE no audita el financiamiento de las campañas por tratarse de un proceso de revocación y no de una elección, si se hubiera cometido alguna ilegalidad de cualquier lado, los acusados tendrían que responder lógicamente al Ministerio Público.

Sin embargo, es vital colocar esto en su real dimensión. ¿Qué relación guarda que Marco Tulio Gutiérrez genere poca confianza y haya recogido las firmas usando financiamiento desconocido con que algún ciudadano de Surco se sienta decepcionado por la inacción de la municipalidad respecto del tráfico en su distrito u otro ciudadano se sienta estafado por las cifras poco claras de escaleras construidas por la municipalidad? La verdad es que ninguna. El desmerecer la campaña por el Sí con el argumento de que su financiamiento es irregular es intentar tapar el sol con un dedo. Los fondos del Sí pueden ser cuestionables, es cierto, pero eso no tiene por qué cambiar la opinión ciudadana sobre la labor que Susana Villarán y su equipo llevan a cabo al frente de Lima, y es de eso de lo que trata la consulta popular. Acusar además a la prensa “manipuladora” y “mafiosa” de engañar a la opinión pública para explicar los sondeos que le dan ventaja parcial al Sí es no solo atribuir demasiado poder a determinados medios, sino también subestimar notablemente la capacidad de discernimiento de los ciudadanos de la ciudad de Lima.

3. Dado que el proceso de revocación ya fue convocado por el JNE, ¿se debe revocar a Susana Villarán?

Existen excelentes argumentos para defender tanto la eficiencia como la ineficiencia de la actual gestión edilicia. Por un lado, los detractores usan como argumentos los errores cometidos en la refacción de la playa La Herradura, el rompimiento de parte de la obra Vía Parque Rímac a causa de la crecida del río, la falta de una solución integral para el problema del transporte, el violento proceso de desalojo del mercado La Parada, la creciente inseguridad, entre otros motivos.

Por su parte, Susana Villarán y su equipo tienen ya obras y cifras que mostrar. En los dos años de gestión han conseguido que 208 empresas de transporte se consoliden en 53 consorcios, el traslado del mercado La Parada hacia Santa Anita, S/.7,000 millones adicionales en inversión privada para la ciudad, la duplicación del número de usuario del Sistema Metropolitano de Transporte, el empadronamiento masivo de taxis, etc. Con la información adecuada, se puede bien defender que la actual administración ha sido más eficiente y eficaz que la de Luis Castañeda Lossio.

Ciertamente es más razonable que la discusión se centre en estos aspectos de evaluación antes que en la transparencia en el financiamiento (o la falta de ella) de ambos bandos. Sin embargo, la eficiencia o ineficiencia de la gestión no deberían tampoco ser los factores determinantes. Lo razonable es girar la discusión en torno a las consecuencias a mediano y a largo plazo de la revocación.

Los costos de mediano plazo no incluyen el costo del proceso de consulta. Este es real y significativo, pero al formar parte de las reglas de juego y al estar ya convocado el proceso (es decir, no hay marcha atrás), su existencia no debería inclinar la balanza para Sí ni para el No. Los verdaderos costos de mediano plazo pasan principalmente por la paralización de las inversiones que se vienen llevando a cabo y en general de todos procesos en materia seguridad, trasporte, urbanismo, entre otros, que el equipo municipal diseñó para un horizonte de cuatro años y que serán truncados en poco más de dos. Entre estos se cuentan la crucial expansión del Metropolitano y sus líneas alimentadoras, la recuperación de la Costa Verde, la edificación de cuatro nuevos Hospitales de la Solidaridad y el fortalecimiento del programa BarrioMío para la construcción de escaleras y losas, solo por mencionar algunos pocos ejemplos. Con sus fallas e imperfecciones, la ejecución de la mayor parte de estos programas es innegablemente positiva para la ciudad.

Los costos de largo plazo, más importantes aún, pasan por el impacto de la remoción de la autoridad legítima de la principal ciudad del país en la estabilidad del sistema democrático nacional. Sin una causal contundente y explícita, la figura de la revocación –constitucional como es– se puede volver un arma demasiado poderosa para ser tolerable en una sociedad con cuadros políticos precarios. Independientemente de si se piensa que hay una campaña mafiosa e intereses ocultos detrás del Sí o del No, o de si se aprueba o desaprueba la actual gestión municipal, parece claro que los costos de mediano y largo plazo son, en realidad, los que deberían determinar el resultado de la consulta.

Lo cierto es que Susana Villarán y su equipo pueden no haber tenido la actuación más destacada al frente de la municipalidad, e incluso haber decepcionado a partidarios iniciales de Fuerza Social con los varios errores y desaciertos cometidos en los últimos dos años. Muchas reformas prometidas, sobre todo en materia de tránsito y seguridad ciudadana, parece tendrán que esperar, con suerte, a la siguiente administración. A la vez, sin embargo, parece injusto atribuirles una gestión especialmente ineficiente o fracasada. Pero aun si se quisiera poner estos calificativos a Susana Villarán y a su equipo, el costo del tiempo de paralización de los proyectos en marcha en una ciudad colapsada de casi 9 millones de habitantes y, sobre todo, el golpe a la estabilidad del sistema democrático, deben ser tomados con mucha mayor seriedad que la que actualmente se le da. Y es aquí, y no en otras cuestiones, donde la discusión debería centrarse.

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