LA CAIDA DEL GABINETE JARA y Mariano Ignacio Prado o el ladrón.- Sus servicios a Chile y sus negociados en la compra de monitores inservibles, el contrato Raphael y los sobornos de Meiggs y Grace

LA CAIDA DEL GABINETE JARA 2015-03-31 07:06:07

Luego de 52 años, un presidente del Consejo de Ministros fue censurado. Ana Jara perdió el cargo con 72 votos a favor. Aquí un análisis de lo ocurrido.

1. La censura de ministros es una práctica democrática. Es parte de las reglas de juego, no es lo deseable, pero está contemplada como salida a situaciones de crisis extremas.

2. El gobierno es el principal responsable de la salida de Ana Jara. Más que la crisis en torno a la DINI - que en cualquier parte del mundo hubiera remecido, como aquí, un gabinete - tenemos un cúmulo de errores políticos que se han pagado anoche. ¿Cuáles? No tener un partido político fortalecido, quemar puentes con la oposición, tener el tacto político de un elefante en una cristalería, confinarse en Palacio y creer que toda crítica es parte de una conspiración golpista. Y por supuesto, tolerar que la promoción del Presidente de la República haga de la inteligencia lo que le da la gana. La soberbia paga y la excesiva confianza también. Eso pesó a la hora de la votación.

3. ¿Ana Jara debió irse por el tema de la DINI? Como decíamos ayer, Óscar Valdés tenía, a la luz de las evidencias presentadas, mil veces más responsabilidad que Jara en este tema, dado que fue en su gestión que se incrementó el presupuesto de dicha entidad, se hicieron seguimientos y aumentó el rastreo vía Registros Públicos. Sin embargo, la congresista pagó los platos rotos de los errores de sus antecesores. Y Jara se va censurada, cosa que al menos debió ocurrir con, por ejemplo, Yehude Simon después del Baguazo.

4. Ojo, también han existido otros mensajes con la censura por parte de algunas bancadas, sobre todo de las minoritarias. La izquierda no solo ha votado a favor por el tema DINI, sino también por la represión en las protestas contra el proyecto Tía María y las decisiones en torno a Petroperú. Mientras que en Solidaridad, según nos cuentan, el ánimo censurador venía por “el poco respaldo que el oficialismo le daba a Lucho”. Veremos como juegan esas cartas de cara al próximo gabinete.

5. Las especulaciones estaban a la orden del día en torno al reemplazo de Jara. Hay quienes señalaban que el gobierno buscaría seguir forzando la tensión con el APRA y el fujimorismo y, en esa línea, podrían nombrar a alguien del perfil de Pedro Cateriano. Otros señalaban que se optaría por conciliar, enunciando los nombres de Beatriz Merino y Martín Vizcarra, exgobernador regional de Moquegua.

6. En caso el gobierno opte por seguir la línea de confrontación y, por tanto, forzar la censura de un segundo gabinete para tener la posibilidad de convocar a elecciones adelantadas del Congreso de la República, ¿a quién le convendría ese escenario? Anotaciones de Fernando Tuesta, antes de la votación:

Es obvio que los partidos que tienen bancadas pequeñas les conviene, como el Apra, que pueden crecer con elecciones adelantadas. Tiene mucho que ganar, pues ahora tan solo tienen cuatro parlamentarios. En cambio Gana Perú se reduciría ostensiblemente. Pero para Fuerza Popular, que quiere censurar al gabinete, su ganancia sería marginal. Hoy tiene 37 parlamentarios, podrían conseguir algo más, solo a costa de tener una altísima votación, lo que no es nada seguro. Los partidos intermedios (PP, SN, PPC, AP y otros), son los que correrían mayores riesgos, pues tendrían que acelerar sus alianzas para el 2016, que por ahora solo son amagos y cálculos.

Finalmente, a los que les convendría la disolución del parlamento también podría ser a los partidos inscritos, que no tienen representación en el Congreso, como Perú +, partido Orden o Frente Amplio. Sin embargo, a los que no les conviene para nada, es a la mayoría de los congresistas pues, dado el voto preferencial, corren el riesgo de no ser elegidos o no considerados en las listas, como el caso de parlamentarios que se han salido de sus partidos de origen. Estos son solo algunos de los dilemas e la oposición. Pero cuidado, los congresistas no solo actúan racionalmente. En muchos casos, irracionalmente.

Aclaramos. Esas elecciones adelantadas para el Congreso serían solo para completar el actual periodo. De allí tendríamos nuevamente comicios similares para el nuevo periodo parlamentario. Calculen que las primeras se realizaran hacia septiembre. Y en abril volveríamos a votar. Provecho.

7. Humala no puede demorar mucho en la elección de nuevo presidente del Consejo de Ministros. No solo por el plazo constitucional de 72 horas, sino también porque hay varios problemas a la vuelta de la esquina (desastres naturales, economía) que lo esperan. Damos por descontado, por cierto, que el Presidente de la República ratificará al resto del equipo ministerial (o a la mayoría de sus miembros).

8. Si, fue una tremenda frescura ver al fujimorismo hablar de espionaje cuando un espía cogobernó el país con su líder histórico y ambos convirtieron al SIN en un aparato de poder y corrupción. Y ver a Jorge del Castillo tuitear sobre espionaje con el tremendo techo de vidrio de BTR me hizo soltar una carcajada. Eso sí, hay que reconocer que los ganadores de la noche tuvieron la decencia de no aplaudir una vez culminada la votación. Como dijo Alberto Beingolea, no era momento para celebraciones.

9. ¿La clase política peruana se animará a actuar en serio para reestructurar un sistema de inteligencia que no cumple la real función para el que fue creado? Una gran derrota para la democracia peruana es que ninguno de los tres gobiernos de este siglo lo haya entendido.

10. Finalmente, me quedo con esta sensación descrita por David Rivera, director de Poder:

Para los madrugadores. Ana Jara pagó pato por un tema sobre el cual debía y tiene que responder Humala. Pero ella es la cara del régimen y alguien a quien la oposición le convenía derrocar. Una lástima porque Jara venía trabajando con transparencia y tratando de tender puentes para darle algo de estabilidad al país. Pero más pesaron los anticuchos personales, los temores y la confrontación. Porque claro, no es que anoche un grupo de chicos buenos decidiesen que era hora de poner en su sitio al chico malo del barrio. No. Es que las pandillas del barrio no iban a permitir que otro se atreviese a hacer lo mismo que ellos hicieron con más astucia y sin que nadie censurara un gabinete entero por todo lo que hicieron. Cinco décadas sin que se censura a un gabinete. Digo, no hemos visto situaciones similares o peores en el pasado? Hacemos el recuento? Ha sido una obra trágico cómica escuchar al Apra (memorable lo de Mulder) y al fujimorismo indignarse por el rastreo de la DINI. Joder, hay que ser bien sinvergüenza. Y lo peor de todo es que estos sinvergüenzas, todos, son las principales opciones para el 2016. Se viene un año duro. Está claro que a nadie le interesa la estabilidad del país. Y mucho menos ceder a sus apetitos e intereses personales para tratar de construir una alternativa decente para el 2016. Porque más allá de las posiciones ideológicas que pueda tener cada uno, lo que el 2016 debería permitirnos es recuperar la ética en el quehacer público. Desde mi punto de vista lo menos importante en este momento es si esa opción viene de la izquierda o la derecha (mientras no sea de cualquiera de los extremos). Necesitamos una opción que nos haga recuperar la confianza en la política, en las instituciones, en quienes nos gobiernan. Lamentablemente hasta el momento no se ve nada en el horizonte. Habrá que ir prendiendo algunas velitas.

Pues eso.

Mariano Ignacio Prado o el ladrón.- Sus servicios a Chile y sus negociados en la compra de monitores inservibles, el contrato Raphael y los sobornos de Meiggs y Grace 2015-03-20 21:26:00

Escribe: César Vásquez Bazán
La Lechería Peruana, caricatura que representa la corrupción imperante en 1867 durante la primera presidencia de Mariano Ignacio Prado. Prado aparece sujetando a la vaca del erario fiscal, mientras sus amigos ordeñan al animal. La caricatura es de J. J. Rasoir y fue publicada en el tercer número de 1867 del diario La Campana, página 4. Reproducida por Quiroz (2009, Figura 7, entre las páginas 180 y 181).
"Cobarde que abandona el poder para salvar la vida,
ladrón que se escurre por llevarse el talego…" 
Manuel González Prada (1985, 449)

Cuando el 18 de diciembre de 1879 Mariano Ignacio Prado desertó las funciones de presidente del Perú, su decisión de fugar fue determinada no sólo por el desastre militar ante Chile y el temor a la explosión popular dirigida a castigar la cobardía y traición del Director Supremo de la Guerra. Tanto o más que las causales mencionadas, influyó en su conducta el deseo de disfrutar de la riqueza que había logrado acumular utilizando en provecho propio el desempeño de la presidencia de la república en cuatro oportunidades (véase la Tabla 1).

Tabla 1. Prado en la presidencia del Perú

Como señaló acertadamente Vicuña Mackenna (1880, 349), el afortunado mortal que llega a la presidencia del Perú "pasa a ser dueño del porvenir y de sus dones". Es así por la mentalidad de saqueo y la actitud de asalto de cada nuevo gobernante, y por el ambiente de corrupción aceptada que impera en la sociedad. Contribuyó también a la podredumbre moral de los políticos la vigencia de la Constitución de 1860, que dispuso que el eventual órgano fiscalizador, es decir el Congreso, sólo debería reunirse cada dos años y por el breve período de cien días útiles.
Peruanos y extranjeros señalaron la gravedad del problema de la corrupción. Entre los primeros puede citarse a José Arnaldo Márquez (1888, 2) quien denunció que en nuestro país, "personajes prominentes no perdían de vista las cajas del Estado, para formar o para restablecer su fortuna personal". Manuel González Prada (1985, 460) recordaba que "nada debe sorprendernos en un país donde la corrupción corre a chorro continuo, donde se vive en verdadera bancarrota moral… Admira que en las cotizaciones de la Bolsa no figure el precio corriente de un ministro, de un juez, de un parlamentario, de un regidor, de un prefecto, de un coronel, de un periodista".

En el segundo grupo de observadores debe recordarse al viajero de la época que escribió respecto a las instituciones peruanas de la segunda mitad del siglo XIX: "En cuanto al robo –nos referimos no a aquel que puede considerarse como robo de menor cuantía sino a la gama de delitos mayores y atroces– puede afirmarse con seguridad que casi todos los hombres públicos [del Perú] están hundidos hasta el cuello en este crimen" (Duffield 1877, 16). La anterior declaración fue compartida por el representante de los tenedores ingleses de bonos de la deuda peruana: "Los sobornos y la corrupción en el Perú no tienen parangón, inclusive en Sudamérica" (Clarke 1877, 119).

Mariano Ignacio Prado encaja a la perfección en las descripciones anteriores. Prado es el mayor exponente de la rapiña y el cohecho, la estafa y el cinismo, que castigaron al Perú entre los años 1865 y 1879. Es la encarnación purulenta de las acusaciones de Márquez, González Prada, Duffield y Clarke.

A lo largo de los cinco años y siete meses que desempeñó la primera magistratura, el desertor Prado no perdió oportunidad para utilizar el poder en provecho propio. Dispuso la emisión de decretos, la firma de contratos y la realización de operaciones por las que recibió sobornos y favores de los afortunados beneficiarios. No desaprovechó ocasión pequeña ni grande para obtener cohechos de las partes que contrataban con el Estado, sean éstas Henry Meiggs o William Grace, los consignatarios del guano o los proveedores de carne para las tropas peruanas. José María Químper, abogado de su más entera confianza y uno de sus principales operadores políticos, fue el principal receptor de los sobornos entregados por Henry Meiggs. Habiendo recibido paga del gobierno de Chile –en su condición de general de división del ejército de ese país– Prado se fue a la tumba sin haber podido levantar las sospechas de haber sido agente chileno y de haber desviado en su favor parte de los fondos recaudados en la colecta pública de 1879 organizada para la compra de armamento.

El presente artículo pretende demostrar que la conducta de corrupción en la dirección del Estado rindió resultados positivos para las faltriqueras de Mariano Ignacio. Entre los signos de riqueza del presidente desertor puede mencionarse el costoso rancho de su propiedad en Chorrillos, la casa en París, las inversiones en minería del carbón en Chile, la crianza de caballos de pura sangre, las inversiones en la Empresa Transmisora de Fuerza Eléctrica de Lima, en la Compañía de Tranvías de Lima y en la Fábrica de Tejidos Santa Catalina. Sin embargo, la cuota más importante de sus negociados estuvo destinada a constituir la "herencia significativa" que dejó a sus descendientes (Gilbert 1981, 748). Sobre dicho legado fue que se erigió en el Perú del siglo XX ese cáncer oligárquico que se denominó Imperio Prado. Sin duda, el enriquecimiento obtenido mediante el asalto del Estado fue un logro notable para un individuo que antes de ingresar a la escena política peruana sólo poseía un fundo en Huánuco, del cual era copropietario con otros familiares.

Es por ello de extrañar la opinión de Gilbert cuando escribió que "los detalles disponibles del desarrollo económico inicial de la familia [Prado] son imprecisos" (Gilbert 1981, 748). Los pormenores del enriquecimiento del primer Prado –el Mariano Ignacio Prado del oprobio como lo llamara González Prada– existen. Están allí, esperándonos para contarnos su verdad, desparramados en la historia del Perú de la segunda mitad del siglo XIX.

Entre los actos de corrupción que contribuyeron al enriquecimiento de Mariano Ignacio Prado, existen siete episodios en los que se cuenta con evidencia o indicios razonables de recepción de sobornos o comisión de desfalco por el presidente desertor y/o sus amigos y ministros. Dichos capítulos de la podredumbre política peruana comienzan con los servicios prestados por Prado como agente chileno, y continúan con los malos manejos en la compra de los monitores fluviales Manco Capac y Atahualpa, el negociado en el contrato Raphael, los sobornos pagados a Prado por Henry Meiggs y William R. Grace, el fraude en la compra de carne para el ejército del sur durante el conflicto con Chile, y el desfalco de la colecta pública de 1879 destinada a sufragar los gastos para la adquisición de armamento para la guerra con Chile.

Para que el lector pueda formarse una idea aproximada del valor actual de los negociados de Prado, puede estimarse que un dólar de 1879 tenía un poder adquisitivo de 22.20 dólares del año 2009. La fuente de esta estimación es Measuring Worth. Asimismo, en 1879 el sol y el dólar se cambiaban casi a la par: debía pagarse 1.08 soles por dólar.

El agente chileno Mariano Ignacio Prado

El análisis de la dinámica histórica del Perú y Chile en 1865, respondiendo ambos países a la agresión española, permite concluir que el rol jugado por Prado fue el de promover y defender los intereses de Chile.

La relación de cercanía política y militar entre el país del sur y Mariano Ignacio Prado está comprobada por su aceptación del grado de general de división del ejército de ese país. El 17 de agosto de 1866, el gobierno de Chile confirió a Prado el referido despacho "con los honores y preeminencias anexas a él" y con el goce del "sueldo correspondiente mientras resida o permanezca en Chile". Según lo explicó la ley chilena, el nombramiento de Prado en tan alto cargo obedeció a "su noble actitud en la actual guerra con España". Otro cumplido servidor de Chile –el presidente boliviano Mariano Melgarejo– compartió con Prado el reconocimiento del país del sur por los servicios prestados.

Debe analizarse en qué consistió la "noble actitud" de Mariano Ignacio Prado hacia Chile. Con este fin, el lector debe remontarse a septiembre de 1865. En esa fecha Chile había declarado la guerra a España en respuesta a la exigencia de la escuadra hispana de saludar la bandera de la Madre Patria con una descarga de veintiún cañonazos en desagravio por supuestas ofensas del país del Mapocho. El problema con la citada declaración de guerra fue que las fuerzas armadas de Chile –en especial su diminuta flota naval– no estaban en capacidad de enfrentar el poderío español (Collier 1996, 118). La armada española, al mando del almirante Pareja, estaba conformada por ocho buques de guerra con un total de 245 cañones. Basadre la calificó como "la escuadra más formidable que había hendido las aguas del Pacífico americano" (1968-70, V: 324). Frente al poderío hispano, poco podía hacer la marina de guerra del país del sur. La escuadra chilena –si podía llamarse tal– estaba conformada por sólo dos naves: la corbeta Esmeralda, artillada con dieciocho cañones, y el transporte Maipu, premunido de cuatro (Burr 1965, 98).

Tras un análisis de la difícil situación, el gobierno chileno concluyó que la única manera como podría enfrentar a España con alguna esperanza de victoria sería si lograse contar con la intervención en su favor de la armada peruana, considerada en ese momento como la más poderosa de Sudamérica. Sin embargo, la inestable situación política del Perú no aseguraba su participación en defensa de Chile.

Oficialmente, gobernaba el país el general Pezet, quien enfrentaba el levantamiento del vicepresidente Diez Canseco –a quien los insurrectos consideraban presidente– secundado por Prado y Balta. Sabedor que entre los líderes rebeldes primaba la opinión de acudir en solidaridad de Chile, el gobierno de ese país envió en misión diplomática al Perú a Benjamín Vicuña Mackenna. Se le encargó hacer contacto con los rebeldes.

En su visita al campamento de los insurgentes, en Chincha Alta, Ica, Vicuña pudo constatar que el presidente Diez Canseco prefería resolver primero favorablemente el enfrentamiento político con Pezet y luego acudir en ayuda de Chile. En cambio, Mariano Ignacio Prado –que previamente había mantenido conversaciones con Domingo Santa María, embajador extraordinario y ministro plenipotenciario chileno en Lima– se mostró como el partidario más radical de la solidaridad inmediata con Chile (Basadre 1968-70, V: 289). Mariano Ignacio quedó impresionado por Vicuña Mackenna. Años después, cuando Prado residía en el país del sur, lo apoyó en las elecciones presidenciales chilenas de 1876, según propia confesión (Basadre 1968-70, VIII: 176).

Al terminar su visita, Vicuña registró como punto vulnerable de los insurrectos la precariedad de recursos que imperaba entre ellos, carencia que le sugirió posibles alternativas para influenciarlos y obtener a través de ellos el apoyo de la escuadra peruana.

La visita de Benjamín Vicuña Mackenna fue seguida de la gestión directa del propio Santa María. Éste se acercó a la base de Chincha Alta para plantear abiertamente que la escuadra peruana rebelde viajara a Chile para atacar a los barcos españoles, es decir la misma propuesta que venía siendo defendida por Prado. Rechazado nuevamente el plan por decisión del presidente Diez Canseco, Santa María concentró sus esfuerzos en lograr la adhesión de Mariano Prado, a quien endosó el apoyo político y la ayuda financiera del gobierno del Mapocho (Burr 1965, 98).

Fue así como el oro chileno colaboró para que el 6 de noviembre de 1865 las fuerzas rebeldes de Diez Canseco y Prado ingresaran a Lima y tomaran Palacio de Gobierno. Veinte días después, Prado fue proclamado Dictador del Perú.

Cuando contaba sólo ocho días en el poder, el 5 de diciembre de 1865, la dictadura de Mariano Ignacio suscribió el Tratado de Alianza Ofensiva y Defensiva con Chile. Por medio de este convenio, Chile aseguró la participación de la escuadra peruana en su defensa. Más aún, la colocó bajo su dirección efectiva, en tanto se encontrara en aguas chilenas. Cuatro naves peruanas fueron asignadas para la salvaguardia del país del sur: las fragatas Apurímac y Amazonas y las corbetas Unión y América. Las naves fueron comandadas por los marinos peruanos Sánchez Lagomarsino, Mariátegui, Miguel Grau y Manuel Ferreyros, respectivamente.

En cuanto a la responsabilidad por los gastos originados por la escuadra conformada en apoyo a Chile, el embajador Santa María redactó un primer proyecto por el cual ese país asumiría dichos egresos. Extrañamente –por razones que podrán comprenderse después– Prado no aceptó el ofrecimiento y a través de Toribio Pacheco, su ministro de Relaciones Exteriores, planteó que los gastos sean asumidos en partes iguales por los dos países. Esta posición fue recogida en el Tratado. Fue así como en términos prácticos, Perú asumió la mitad de los gastos de defensa naval de Chile. ¡En los años 1869, 1870 y 1875 Perú tuvo que pagar a Chile por ese concepto la cantidad de 1,130,000 soles! (Basadre 1968-70, V: 361). Además, en el conflicto, Perú perdió la fragata Amazonas que varó en un banco de arena cerca de la isla de Abtao.

Algunos años después, entre 1868 y 1873, Prado cobraría honorarios en Chile por sus servicios como agente del país del sur. Además del nombramiento de general de división del ejército chileno, Mariano Ignacio recibió en arriendo perpetuo, a renta rebajada, la hacienda Maquehua, dedicándose a la explotación de la mina de carbón de piedra allí existente. Inicialmente, sólo pagó cincuenta centavos por tonelada de carbón extraída. Maquehua era propiedad de Guillermo Gibson Délano, concuñado y deudor del político chileno Agustín Edwards Ossandón. Tras el fallecimiento del dueño, Mariano Ignacio compró Maquehua a los herederos de Gibson. Pagó la hacienda a un ostensible precio subvaluado. Sin duda, los favores de renta y precio conferidos a Prado por Gibson contribuyeron a amortizar la deuda que éste tenía con Agustín Edwards.

No fue de extrañar por ello que las "inversiones" de Prado en el país del Mapocho fueran exitosas. Mariano Ignacio constituyó la Sociedad de Minas de Carbón de Carampangue para explotar las minas de Maquehua y Quilachanquín y tendió el ferrocarril de trocha angosta entre Maquehua y Laraquete, extendido luego hasta Colico. También fue dueño de la Compañía de Minas de Carbón de Arauco.

Como puede apreciarse, Prado recibió recompensa por prestarse a promover los objetivos de la política exterior chilena. Su interposición con el fin de poner la escuadra peruana al servicio de Chile, en las difíciles circunstancias por las que atravesaba el país del sur, permitieron a esta ingrata nación enfrentar exitosamente a España. En tanto que el Perú perdió la fragata Amazonas en el conflicto, la nación del Mapocho recibió de la nación del Rímac la suma de 1,130,000 soles (23 millones de dólares de hoy) en concepto de contribución del Perú para defender a Chile. Los únicos desembolsos que debió efectuar el país del sur para obtener estos resultados fueron financiar la revuelta de Mariano Ignacio, en setiembre de 1865, nombrarlo general de división y entregarle una mina de carbón de piedra en la región de Arauco.
El negociado en la compra de los monitores Manco Capac y Atahualpa

Aduciendo que Perú aún se encontraba en guerra con España y que el país necesitaba reforzar su escuadra, Prado contrató apuradamente la compra de los monitores fluviales Oneoto y Catawba. La adquisición fue concertada con la firma estadounidense de Alexander Swift y Co. El trato fue suscrito en Lima, el 4 de octubre de 1867, cuando a Prado sólo le faltaban ocho días para dejar de ser presidente de la república.

Ambas naves habían sido construidas para monitorear las aguas del río Mississippi –no para la navegación marítima– y habían sido dadas de baja a la finalización de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Incorporadas en la marina peruana, la primera tomaría el nombre de Manco Capac, en tanto que la segunda sería bautizada como Atahualpa.
Desde su gestación, la compra de los monitores fue una operación fraudulenta. El 4 de octubre de 1867, fecha del contrato, el propietario legal de las embarcaciones era el Gobierno de los Estados Unidos y no la firma vendedora Swift y Co. Sin constatar si el propietario de las naves era quien decía serlo, y más interesado en formalizar la operación rápidamente, Prado hizo venir a Lima a Gustavus Ricker, representante de la firma Alexander Swift y Co., y ordenó firmar en la capital peruana el contrato de adquisición al ministro de Guerra y Marina Mariano Pío Cornejo.

En transacción sobrevaluada, el Perú pagó por los blindados la suma de dos millones de pesos (Basadre 1968-70, VI: 61). Dicha cantidad fue bastante mayor que la suma de 1,242,850 dólares, costo original de ambas naves (Congreso de Estados Unidos 1869, 9, 29). Más aún, el 18 de febrero de 1868 la Comisión de la Marina de los Estados Unidos encargada de la tasación de ambos monitores los avaluó en 755,000 dólares (Congreso de Estados Unidos 1869, 9, 29). El negociado dejó a la firma vendedora una ganancia estimada en más de un millón doscientos mil dólares.
Las anteriores irregularidades no fueron las únicas detectadas en el proceso de adquisición. Señalaremos además que el contrato firmado por el gobierno de Prado con Alexander Swift y Co. no fijó fecha de entrega de las naves al Perú (Congreso de Estados Unidos 1869, 189). A pesar que en febrero de 1868 los monitores habían sido íntegramente pagados, en esa misma fecha el Gobierno de los Estados Unidos seguía siendo dueño legal de ambos. Alexander Swift and Co. ni siquiera los tenía en su poder.


Conservadoramente, se estima que Prado percibió como cohecho por esta operación entre el 10% y el 20% del importe total de la misma, es decir 200,000 y 400,000 dólares (entre 4.5 y 9 millones de dólares del día de hoy). El propio Gustavus Ricker reconoció haber tenido que efectuar entregas irregulares a los gobernantes peruanos. Interrogado por la comisión investigadora del Congreso de los EE.UU., Ricker contestó textualmente: "Nosotros tuvimos que pagar algo en el extranjero [es decir, en el Perú]" (Congreso de Estados Unidos 1869, 248).

La adquisición de los monitores Manco Capac y Atahualpa también posibilitó el primer negociado de Prado con William R. Grace, que en ese año aún operaba bajo la razón social de Bryce, Grace, and Co. José Antonio García y García, futuro presidente del Senado y ministro de Relaciones Exteriores, fue nombrado enviado extraordinario para finalizar el irregular trato de los monitores. García y García viajó a los Estados Unidos y encargó directamente a Grace el reclutamiento de las tripulaciones, la compra de provisiones y municiones, la adquisición y reacondicionamiento de vapores auxiliares y el reclutamiento de personal y provisión de suministros para dichos vapores (James 1993, 55).
En cuanto a las naves adquiridas a tan elevado precio, éstas no cumplieron funciones como monitores en razón a que no fueron diseñadas para operaciones en el mar. Durante la guerra con Chile, el Manco Capac fue usado como batería flotante en la defensa de Arica, por lo que tuvo que ser remolcado hasta dicho puerto. El Atahualpa permaneció anclado en el Callao: no podía navegar por el deterioro de sus calderas. Ambos monitores de río fueron hundidos por sus propias tripulaciones para evitar que cayeran en manos enemigas. Como escribió Basadre (1968-70, VI: 62), "no se llega a comprender cuáles fueron los beneficios aportados al país con la adquisición del Manco Capac y el Atahualpa". Quien sí entendió el negocio, y bastante bien, fue don Mariano Ignacio Prado.
El negociado del contrato Raphael 
El 11 de marzo de 1876, cuatro meses antes de asumir el mando, Mariano Ignacio Prado obtuvo del presidente saliente Manuel Pardo su nombramiento como embajador extraordinario y ministro plenipotenciario del Perú en el Reino Unido. El decreto también incluyó la designación de Prado como comisionado especial financiero en Europa. Sin lugar a dudas, el extraño pedido del presidente electo obedeció a las conversaciones que había sostenido con el negociante Alexander de Laski, enviado de manera secreta a Lima por la firma Raphael y Sons para negociar un nuevo contrato de venta de un millón novecientas mil toneladas de guano. Sin embargo, era vox populi en la capital que los verdaderos beneficiarios de la operación serían Carlos González Candamo y Arturo Heeren, exconsignatarios del guano en Londres.
Según refiere el historiador Vicuña Mackenna, la primera acción del grupo representado por Laski "fue levantarse en peso al presidente electo y llevárselo a Londres donde tuviéronle más o menos un mes encerrado… hasta que firmase un arreglo diverso del que había firmado ya el agente Riva-Agüero" (Vicuña Mackenna 1880, 349). Una vez suscrito el convenio, los beneficiarios de la adjudicación conformaron The Peruvian Guano Company Limited, un nuevo nombre para la antigua compañía beneficiaria de la consignación del guano en Gran Bretaña (Vicuña Mackenna 1880, 351).
Como era de suponer, la presencia de Prado en Londres aseguró la viabilidad del contrato Raphael. La suscripción tuvo lugar el 7 de junio de 1876. El convenio estableció que a cambio del guano, Perú recibiría un total de 700 mil libras. Dicho importe sería pagado en partes, mensualmente, por la Peruvian Guano Company. Por su parte, los antiguos consignatarios González Candamo y Heeren aseguraron la obtención de dos y medio por ciento de comisión por las ventas de guano, cinco por ciento por los adelantos hechos al gobierno, la tasa de tres libras y diez chelines en concepto de flete por cada tonelada de guano de Perú a Europa, y diez chelines por el costo de embarque. Como observó Vicuña Mackenna, en estos dos últimos casos las sumas pactadas "eran respecto del costo efectivo tres o cuatro veces superiores al importe verdadero" (Vicuña Mackenna 1880, 350). Sin duda, la sobrevaluación era la modalidad favorita de operación de Mariano Ignacio…
El contrato fue aprobado por el Congreso el 3 de febrero de 1877, fecha en la que Prado –el encargado de tratar con los intereses representados por la Peruvian Guano– ejercía la presidencia de la república. En la práctica, el negociado fue legalizado por la misma persona que lo organizó.
Existían mejores alternativas para el Perú que las ofrecidas por el contrato firmado por Prado. Puede señalarse las propuestas de la Societé Generale de París –que se comprometía a entregar 950 mil libras esterlinas por una sola vez– y la del Banco de París y de los Países Bajos (Basadre 1984, 359). Por ello, no resulta arriesgado inferir que para aceptar una propuesta por lo menos 250 mil libras menos ventajosa que la de sus competidores, la Peruvian Guano Company debió haber entregado algún tipo de incentivo pecuniario a Prado. Hasta el propio Jorge Basadre –siempre tan cauto en sus apreciaciones sobre los manejos económicos de don Mariano Ignacio– afirmó en su obra magna que "el asunto [del contrato Raphael] necesita detenido estudio. También requiere cuidadoso examen la propuesta hecha entonces por la Sociedad General de París" (Basadre 1968-70, VII: 29).
Sin duda, con la designación de embajador en Londres, Prado logró asegurar la recepción de los benéficos efectos personales provenientes de la suscripción del nuevo contrato de venta de guano con los antiguos consignatarios organizados en la Peruvian Guano Company Limited.

Los sobornos pagados por Henry Meiggs

La historia recuerda a Henry Meiggs como el aventurero estadounidense que se dedicó a firmar contratos con el gobierno del Perú para construir ferrocarriles con el financiamiento generado por la extracción del guano. Se estima que el monto de los contratos que el Estado firmó con Meiggs para el tendido de vías férreas ascendió a ciento sesenta millones de soles (más de 3,200 millones de dólares del día de hoy). Las principales vías férreas construidas fueron la de Arequipa a Mollendo, inaugurada en 1871, y el ferrocarril del Callao a La Oroya, del que se avanzó 140 de los 224 kilómetros originalmente planeados.

Conocido en los salones de las casas acomodadas de Lima como Don Enrique, Henry Meiggs fue uno de los principales medios que Prado y sus amigos íntimos usaron para enriquecerse. Las prácticas de soborno a que acudió Meiggs para viabilizar los negocios que se proponía realizar con el gobierno del Perú se encuentran ampliamente documentadas. Como escribe Watt Stewart, su principal biógrafo, "no puede dudarse que Henry Meiggs recurriese al soborno para obtener sus fines. A través de ese medio manejó a los hombres que manejaban el Perú" (Stewart 1968, 47). Según Márquez (1888, 66), Don Enrique repartió sobornos por un valor mayor a diez millones de soles (más de 205 millones de dólares del día de hoy).

Con este dinero, Meiggs compró el patrocinio de sucesivos presidentes, amigos presidenciales, ministros, congresistas, jueces y dueños de periódicos. El propio Don Enrique describió el peculiar procedimiento que desarrolló para concertar en su favor las voluntades políticas en el Perú. En conversación con William Clarke, comisionado especial del Comité Internacional de Tenedores de la Deuda y autor del informe Peru and Its Creditors, Meiggs confesó que la única manera de tratar con los sucesivos gobiernos peruanos era dejar que cada uno de ellos fijase libremente su precio. "A continuación, [Meiggs] añadía al precio del contrato las sumas exigidas por el presidente y sus amigos" (Clarke 1877, 118). Los valores agregados por Meiggs constituían un verdadero markup de la corrupción. Fueron un componente obligatorio al calcularse los costos finales de sus proyectos ferroviarios.

En 1877, el presidente Prado participó en dos negociados con Meiggs. El primero se viabilizó en el contrato entre el gobierno y Don Enrique, firmado el 3 de febrero de ese año, bajo cuya protección éste último –a través de la Compañía de Obras Públicas y Fomento del Perú– emitió sin respaldo metálico billetes circulares por valor de 1,030,000 soles, a los que pronto se conoció como billetes de Meiggs.

Rechazados estos billetes por los bancos de Lima, la crisis de confianza desatada llevó a la realización del segundo negociado entre Prado y Meiggs. La operación fue formalizada el 17 de agosto de 1877. Consistió en la dación de un decreto presidencial otorgando el sello fiscal a la emisión original de billetes efectuada por Meiggs (1,030,000 soles) y autorizando la impresión adicional de 4,303,333 soles, lo que elevó la magnitud potencial de circulación de estos instrumentos hasta el monto de 5,333,333 soles. El artículo séptimo del mencionado instrumento legal estableció que el gobierno peruano garantizaba la operación, haciéndose responsable del pago del total de los billetes emitidos por Meiggs (Stewart 1968, 325).

Se estima que por conferir el respaldo gubernamental a los billetes de Meiggs, Mariano Ignacio Prado y sus amigos cobraron la suma de quinientos mil soles (más de diez millones de dólares del día de hoy). La información sobre el soborno a Prado fue incluida en la carta del 12 de agosto de 1877 dirigida por Charles H. Watson, gerente de negocios de Don Enrique, a John G. Meiggs, su antecesor en el cargo. El cohecho también recibió la atención de Michael P. Grace, quien lo describió el 13 de septiembre de 1877 en carta dirigida a su hermano William. R. Grace. Como escribió James, biógrafo de este último, "quinientos mil soles en las manos adecuadas produjeron un decreto gubernamental legalizando [los billetes de Meiggs] hasta el límite de 5,333,333 soles" (James 1993, 122, 338). Obviamente, las manos apropiadas fueron las finas y bien cuidadas del presidente Mariano Ignacio Prado quien, como se sabe, gustaba no sólo de escribir proclamas patrióticas sino también se enorgullecía de redactar sus propios decretos supremos.

La legalización de sus billetes fue el último business para cuya realización Meiggs debió comprar a un presidente peruano. Mes y medio después de la transacción, Don Enrique murió en la ciudad de Lima. Previamente, el 18 de agosto de 1877, el sobornador más grande en la historia del Perú dirigió una carta personal a Mariano Ignacio en la que calificó la concesión del respaldo gubernamental a sus billetes como "una de las páginas más brillantes" de la administración Prado (Stewart 1968, 326).
Los billetes de Meiggs, en denominaciones de uno y cinco soles, con la firma de Don Enrique. Fueron emitidos sin respaldo metálico. Para aplicarles el sello de la garantía fiscal, Prado y sus amigos recibieron un soborno equivalente a más de diez millones de dólares del día de hoy.
José María Químper, hombre de confianza de Prado, principal receptor de sobornos de Meiggs

De acuerdo con Ernst Wilhelm Middendorf, quien fuera médico personal de Meiggs, éste mantenía un registro pormenorizado con las iniciales de los nombres de los políticos a los que había sobornado y las cantidades entregadas a cada uno de ellos. Según el facultativo alemán, "el doctor JMQ" fue el político que recibió la mayor cantidad de sobornos de Meiggs: 1,145,000 soles de la época ó 23.5 millones de dólares del día de hoy (Middendorf 1894, 229).

Si bien el médico germano no fue explícito, las iniciales JMQ pertenecen al abogado José María Químper, hombre de confianza de Mariano Ignacio. Debe recordarse que en febrero de 1865, Químper fue de los primeros en unirse al levantamiento de Prado, ocurrido en la ciudad de Arequipa. En noviembre de ese año, Químper fue nombrado ministro de gobierno de la dictadura de Prado. Catorce años después, en julio y noviembre de 1879, el abogado Químper se desempeñó como ministro de Hacienda del último régimen pradista.
Debe hacerse notar que los sobornos recibidos por Químper no fueron a dar únicamente al bolsillo del corrupto abogado. Parte importante de los cohechos pagados por Meiggs sirvió para sobornar a Prado, en tanto que menores cantidades fueron entregadas a congresistas de la república.
El abogado JMQ, José María Químper, uno de los principales secuaces de Mariano Ignacio Prado y el más importante receptor de coimas entregadas por Henry Meiggs.
El negociado de la compra de carne para las fuerzas peruanas en el sur
Antes de declararse Director Supremo de la Guerra y trasladar su residencia de Lima a Arica, Mariano Ignacio Prado no podía perder la oportunidad de realizar algunos negocios. Esta vez se trató de la compra de provisiones para las fuerzas peruanas que operaban en el sur del país. Como escribió Mariano Felipe Paz Soldán, Prado "aglomeró grandes cantidades de víveres en Iquique, Pisagua y Arica; contrató la provisión de carne con empresarios que traían el ganado desde la República Argentina" (Paz Soldán 1884, 292).
En varias de estas transacciones, el gobierno pagó sobreprecios, justificando dicha política en las dificultades impuestas por la guerra, la geografía y el clima de la zona. El coronel Belisario Suárez, tras la batalla de San Francisco, fue quien puso al descubierto, sin proponérselo, las prácticas de sobrevaluación adquisitiva de Prado. En parte dirigido a la superioridad el 23 de noviembre de 1879, Belisario Suárez denunció: "La marcha estaba mandada, y se emprendió sin recurso alguno, porque aún cuando el gobierno tiene celebrado con los señores Puch, Gómez y Cía. un contrato de provisión de carne, en el cual se ha pasado sobre lo excesivo del precio en cambio de la seguridad del suministro, se ha visto del todo burlada esa provisión en el momento en que debió lograrse el fruto de ese sacrificio aceptado sólo a tal precio; y la provisión que fue regular mientras la resistencia en los pueblos la hizo innecesaria, se suspendió en los días mismos que debimos confiar en esa seguridad que creíamos deber a la no pequeña retribución del fisco" (Vargas 1979, 533). En su obra magna, Basadre recogió la queja del coronel peruano contra la referida empresa, con sede en Argentina (Basadre 1968-70, VIII: 127).
A pesar de haber pagado el Perú –por acción de Prado– un sospechoso sobreprecio por los víveres, ni carne, ni provisiones en cantidad suficiente caracterizaron la logística del ejército peruano del sur. En el crítico mes de noviembre de 1879, las fuerzas peruanas se encontraban faltas de víveres (Caivano 1904, 337) y al borde de la inanición (Markham 1882, 152). Puede señalarse dos ocasiones en las que se hizo notar la ausencia de las provisiones de carne. En la primera, Paz Soldán relata que en la marcha de las tropas peruanas a San Francisco, el 18 de noviembre de 1879, la ración ascendió a "cuatro onzas de charqui y una muy escasa cantidad de agua por cabeza" (Paz Soldán 1884, 319). La segunda se observó en la retirada de las fuerzas peruanas de Tarapacá, que en su larga y penosa marcha hacia Arica encontraron en "la carne de los fatigados caballos o borricos… un manjar exquisito. En Jaiña, a veinticinco leguas de Tarapacá, recibieron los primeros y únicos auxilios que el General Prado envió de Arica antes de retirarse a Lima. El charqui, galleta y arroz fueron para jefes, oficiales y tropa como exquisitas viandas en día de gran convite" (Paz Soldán 1884, 360).
Durante el gobierno de Leguía, a través de la ley 4075 del primero de mayo de 1920, la empresa a la que Prado pagó sobreprecio por la carne que no llegó cuando era necesaria, Puch, Gómez y Cía., fue reconocida en su reclamo de 164,450 libras "por la provisión de suministros al Ejército Peruano durante la guerra del Pacífico". Los congresistas favorecieron con esa ley a la empresa argentina que dejó sin abastecimiento de carne al ejército peruano en noviembre de 1879. Obviamente, no leyeron –o no prestaron atención– al parte de 1879 en el que el coronel Belisario Suárez puso en evidencia la política de sobrevaluación en las compras de carne ejecutadas por Mariano Ignacio Prado.

Los negociados con William R. Grace and Co. y Grace Brothers and Co.

Otra de las fuentes fundamentales de enriquecimiento de Mariano Ignacio Prado estuvo constituida por los negociados que realizó con las firmas William R. Grace and Co. y Grace Brothers and Co. Prado mantuvo una "amistad" de décadas con el contratista William R. Grace, con quien intercambió correspondencia sobre oportunidades de negocios a través del Estado Peruano. Puede citarse que en las cartas cursadas entre Prado y Grace, conservadas en los archivos de William R. Grace en Estados Unidos, los dos actores del drama peruano tratan sobre operaciones relacionadas con la consignación y venta de salitre. Estos negociados se formalizaron cuando Prado otorgó a Grace el monopolio por cuatro años del embarque de nitrato de sodio destinado a los mercados estadounidense y europeos. La distribución del salitre en los Estados Unidos quedó a cargo de W. R. Grace and Co. en tanto que de la distribución en Europa se responsabilizaron los socios de Grace, es decir la banca de inversión Baring Brothers (James 1993, 126).

En sus comunicaciones, Prado y Grace también discutieron alternativas de negocios personales. Por ejemplo, a mediados de la década de 1870, y sin perturbarse ninguna de las partes por el conflicto de intereses inherente, Grace compró una docena de caballos de pura sangre para Prado (de Secada 1985, 610). Inclusive, en el crítico año 1879 –en el que Chile declaró la guerra al Perú y en el que el presidente desertor huyó a los Estados Unidos– Grace Brothers and Company operó como banca financiadora de préstamos comerciales para Prado (Quiroz 2008, 172).
William R. Grace, enriquecido contratista proveedor de la Marina y el Ejército Peruanos. Entre el equipamiento que adquirió se incluyeron los torpedos Lay, las lanchas torpederas Herreshoff, rifles, municiones y hasta una costosa y no muy útil batería flotante avaluada en más de 43 millones de dólares del día de hoy (de Secada 1985, 612-613).
La guerra con Chile alteró en un doble sentido la relación entre ambos personajes. De un lado, tornó problemática la extracción del salitre de Tarapacá debido al control chileno del área; del otro brindó a Grace la oportunidad de dedicarse al lucrativo tráfico de armas. Éste se tornaba especialmente atrayente debido a que las transacciones se realizaban en secreto y eran pagadas en efectivo. Fue así como W. R. Grace y Co. se convirtió en la principal empresa proveedora de armamento del gobierno peruano. Con el tráfico de pertrechos, Grace reforzó su condición de agente oficial del gobierno peruano en Nueva York y San Francisco, nombramiento conferido por el presidente Prado en 1876 (de Secada 1985, 610-611).
Los principales negociados de Mariano Ignacio con William R. Grace y Co. se viabilizaron a través de las comisiones y utilidades provenientes del comercio de armamento en que la mencionada firma incurrió con el fin de atender las demandas de Prado. Se estima que entre mayo de 1879 y agosto de 1880, W. R. Grace adquirió armamento y material de guerra para el Perú por un importe mínimo de US$3,260,975 (más de setentidós millones de dólares del día de hoy). Este monto no incluye las comisiones percibidas por Grace. Ochentaicinco por ciento de las compras de pertrechos realizadas a través de Grace (US$2,769,575 de la época, es decir más de 61 millones de dólares del día de hoy) fueron ordenadas por Mariano Ignacio Prado (veáse la Tabla 2).

Cabe preguntarse cuál fue el importe de las comisiones de William R. Grace y Co. y cuál el cohecho recibido por Prado. Puede estimarse el monto teniendo en cuenta que en períodos de paz, Grace cobraba una comisión de 5% sobre los importes facturados al Gobierno (James 1993, 55). Sin embargo, entre mayo y diciembre de 1879, las compras fueron realizadas en plena guerra con Chile, estando vigente la legislación internacional que obligaba a las naciones neutrales a no vender armamento a países en guerra. Para eludir esta limitación, Grace debió efectuar diversas gestiones destinadas a encubrir y disimular los embarques y asegurar su llegada al Perú. Según estimados conservadores, no sería de extrañar que encontrando justificación en la existencia de estas dificultades, la comisión de Grace por tráfico de armamento haya ascendido a 15% ($415,000). De esta suma, dos terceras partes habrían sido apropiadas por Grace ($278,000), en tanto que una tercera parte ($137,000, ó tres millones de dólares del día de hoy) habría ido a parar a los bolsillos de Mariano Ignacio Prado.
Tabla 2. Compras de armamento ordenadas por Prado a través de W. R. Grace and Co.


El desfalco de los donativos para la guerra con Chile
El 7 de abril de 1879, Mariano Ignacio Prado redactó el decreto creando la Junta Central Administradora de Donativos para la guerra con Chile. La Junta quedó encargada de efectuar una colecta pública con la que se financiaría la compra de armamento y pertrechos. A noviembre de 1879, la recaudación por este concepto ascendió a más de seis millones de soles de la época, es decir 123 millones de dólares del día de hoy.
Cuando Prado fugó del país, el 16 de diciembre de 1879, alegó como excusa que sólo él podría adquirir en el extranjero las armas y material de guerra que el Perú necesitaba. Muchos peruanos sospecharon que al desertar, Prado llevó consigo parte de los donativos. Como describe Astiz, "de acuerdo con todas las evidencias disponibles, las armas nunca llegaron y el dinero con el cual iban a ser compradas nunca fue devuelto al Tesoro peruano. Prado tampoco volvió al país [hasta 1887]. La posibilidad que este dinero haya constituido una contribución importante a la riqueza de la familia Prado se menciona en el Perú muy a menudo, aunque no por escrito" (Astiz 1969, 39).
Frente a esta acusación, debe mencionarse que cuando Prado llegó a Nueva York, uno de los antiguos "amigos" que acudió a recibirlo fue William R. Grace. En cartas de éste fechadas el 26 de enero y 28 de febrero de 1880, dirigidas a Grace Brothers and Co. y al capitán de navío de la Armada Peruana Luis Germán Astete respectivamente, el magnate relató que Prado había llegado a Nueva York sin autoridad oficial y, lo que era peor, declaraba no contar con la cantidad de dinero necesaria para efectuar adquisiciones de material bélico en magnitud significativa. Textualmente, Grace escribió: "Al salir del Perú [Prado] no se llevó un gran fardo de dinero". (James 1993, 135). Respecto de esta afirmación, sería necesario precisar que Prado no poseía un gran fardo de dinero para adquirir armamento, puesto que a él –personalmente– no le interesaba adquirir pertrechos de guerra. Sin embargo, sí poseía en sus cuentas personales los importantes caudales acumulados a lo largo de años gracias al poder político que detentó en el Perú.
Basadre calificó como infamante la versión del desfalco de Prado. Escribió el historiador peruano: "La versión de que Prado se llevó consigo el dinero destinado a la compra de nuevos barcos es calumniosa. Como se ha narrado ya, dichos fondos los llevó a Europa Julio Pflucker y Rico. Hacía tiempo que funcionaba en el Perú el sistema de los bancos y las traslaciones de fondos en gran cantidad del país al exterior o viceversa hacíanse por cheques y no por la movilización de los billetes o monedas en el equipaje de los viajeros" (Basadre 1968-70, VIII: 180). De esta manera, Basadre participó de la opinión que, al fugar del Perú, Prado sólo recibió del Estado Peruano la cantidad de tres mil libras esterlinas. Dicho dinero le fue entregado para su viaje por el "doctor JMQ" de los sobornos de Meiggs, es decir su ministro de Hacienda José María Químper.
Está todavía por escribirse la historia de la apropiación de los fondos donados para la guerra con Chile. Ella hubiera requerido recoger las versiones sobre el desfalco provenientes del capitán de fragata José Gálvez Moreno, el cónsul de El Salvador en Lima, Jorge Tezanos Pinto y el militar Celso Zuleta que acompañaron a Prado en su fuga, en calidad de ayudantes o edecanes.
Al margen de cuál sea la verdad en lo referente al desfalco parcial de los donativos para la compra de armamento, queda claro que durante los ocho años que permaneció en el extranjero, Prado tuvo acceso a cuantiosos recursos a los que apeló para llevar una vida bastante holgada. Así lo demuestran sus estadías en Nueva York y París, el inmueble de su propiedad en esta última ciudad, y la posibilidad de llevar una vida a cuerpo de rey sin necesidad de trabajar. Los dineros que financiaron a Prado entre 1879 y 1887 fueron provistos con largueza por los negociados descritos en las secciones precedentes.
Obras citadas
Astiz, Carlos A. 1969. Pressure Groups and Power Elites in Peruvian Politics. Ithaca: Cornell University Press.
Basadre, Jorge. 1968-70. Historia de la República del Perú. 6ta. ed. Lima: Editorial Universitaria.
–––––. 1984. Perú: Problema y Posibilidad. Ensayo de una síntesis de la evolución histórica del Perú. 4ta. ed. Lima: Consorcio Técnico de Editores, S. A.

Burr, Robert N. 1965. By Reason or Force: Chile and the Balancing of Power in South America, 1830-1905. Berkeley: University of California Press.

Caivano, Tomás. 1904. Historia de la Guerra de América entre Chile, Perú y Bolivia. Iquique: Librería Italiana Baghetti Hermanos.

Clarke, William. 1877. Peru and Its Creditors. Londres: Ranken and Co.

Collier, Simon, y William F. Sater. 1996. A History of Chile, 1808-1994. Cambridge: Cambridge University Press.

Congreso de Estados Unidos. 1869. Investigación sobre la venta hecha por el Gobierno de los Estados Unidos de los monitores Oneoto y Catawba, hoy Manco-Capac y Atahualpa. Lima: Imprenta de "El Nacional".

de Secada, Alexander G. 1985. "Arms, Guano, and Shipping: The W. R. Grace Interests in Peru, 1865-1885". The Business History Review 59, no. 4 (Invierno): 597-621.

Duffield, A. J. 1877. Peru in the Guano Age. Londres: Richard Bentley and Son.

Gilbert, Dennis. 1981. "Cognatic Descent Groups in Upper-Class Lima (Peru)". American Ethnologist 8, no. 4 (Noviembre): 739-757.

González Prada, Manuel. 1985. Obras. Editadas por Luis Alberto Sánchez. Tomo I, Vol. 2, Bajo el oprobio. Lima: Ediciones Copé.

James, Marquis. 1993. Merchant Adventurer. The Story of W. R. Grace. Wilmington: SR Books.

Markham, Clements Robert. 1882. The War Between Peru and Chile, 1879-1882. Londres: Sampson Low, Marston, Searle, and Rivington.

Márquez, José Arnaldo. 1888. La orjía financiera del Perú: El guano i el salitre. Artículos publicados en "La Libertad Electoral". Santiago de Chile: Imprenta de "La Libertad Electoral".

Middendorf, Ernst Wilhelm. 1894. Peru: Beobachtungen Und Studien über Das land Und Seine Bewohner. Berlín: Robert Oppenheim (Gustav Schmidt). Vol 2. Das Küstenland von Peru.

Paz Soldán, Mariano Felipe. 1884. Narración histórica de la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia. Buenos Aires: Imprenta y Librería de Mayo.

Quiroz, Alfonso W. 2008. Corrupt Circles: A History of Unbound Graft in Peru. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Stewart, Watt. 1968. Henry Meiggs: Yankee Pizarro. New York: AMS Press.

Vargas, Moisés, ed., y Ministerio de Guerra de la República de Chile. 1979. Boletín de la Guerra del Pacífico 1879-1881. Santiago: Editorial Andrés Bello.

Vicuña Mackenna, Benjamín. 1880. Historia de la Campaña de Tarapacá. Santiago de Chile: Imprenta y Litografía de Pedro Cadot.
–––––. 1893. Historia de la Campaña de Tacna y Arica 1879-1880. 2da. ed. Santiago de Chile: Rafael Jover Editor.

© César Vásquez Bazán, 2010
Todos los derechos reservados
Septiembre 9, 2010

Economía y política de Mario Vargas Llosa.- Radiografía de un bribón de profesión convertido en cacaseno neoliberal 2015-03-02 00:37:00

Escribe: César Vásquez Bazán
Mario Vargas Llosa en el preciso momento que reconoce que "se tapó la nariz" y votó para presidente por el nuevo converso neoliberal García Pérez. ¿Confirma esa declaración que Mario es un "hijo de puta", como lo llamó en "Panorama" su colega doctrinario Hernando de Soto? Yo creo que sí, aunque hago tres salvedades.
La primera es que la madre de Vargas Llosa no tiene porqué verse envuelta en este "pleito de arequipeños", como describió el incidente Hernando de Soto, en conversación con la revista "Caretas" en el año 2000 (edición 1644). Por ello yo prefiero denominar al novelista como lo que es, es decir un hijo predilecto del imperialismo y la nueva oligarquía. (Anteriormente, siendo ministro de economía, le apliqué el colorido mote de "cobrador del FMI" por servir como instrumento de presión de dicho organismo imperial.) Con el anterior considerando, evitamos la injusta e innecesaria mención a la señora madre del escritor.
La segunda salvedad es que debemos revalorizar la imagen de la prostituta en los países neocoloniales. Creo que en un elevado número de casos, en especial en el Perú, la puta ejerce el oficio por necesidad económica y no por placer o mero gusto. No debemos atentar contra la autoestima de este sector marginado con epítetos como los usados por de Soto para calificar a su examigo Vargas Llosa.
El tercer punto es que no debemos ser sexistas y sólo acordarnos de "las putas". Al igual que prostitutas hay prostitutos, lo que sugiere la posibilidad de cambiar el insulto de de Soto por un post-moderno "hijo de puto". En cualquier caso, tampoco es dable llamar de esta manera a Vargas Llosa. No ofenderemos así ni a su honorable padre (a quien Vargas Llosa confesó que nunca quiso), ni al esforzado gremio de trabajadores independientes que ejerce la profesión liberal más antigua del mundo.
El jueves 31 de enero de 2008, Mario Vargas Llosa visitó a Alan García, su nuevo colega ideológico, el actual presidente de nuestro país. A su salida de Palacio, el exlíder del FREDEMO confesó que él votó por García en la segunda vuelta electoral de 2006, por considerarlo "el mal menor". La declaración es interesante porque reconoce lo que la mayoría de peruanos ya sabíamos. Nos referimos al hecho que la extrema derecha peruana apoyó con dinero y prensa a García Pérez, apuntalando la colaboración que le diera el oro imperial desde fuera del país.

La reaparición del novelista metido a candidato es una buena ocasión para difundir el presente artículo, en el que analizo algunos de sus parámetros de conducta y personales, así como las principales falacias económicas y políticas en las que incurre a menudo. Por caer en esos lugares comunes de la mayor vulgaridad es que califico al novelista como cacaseno neoliberal.

También desfilarán ante ustedes las fijaciones mentales de Vargas Llosa, por las que reitero lo de bribón profesional. Al respecto, la más importante vargasllosada es aquella que afirma que la literatura es distorsión de la realidad, manipulación y engaño. El propio Mario reconoce que éso es lo que él hace diariamente para ganarse la vida. Por eso es que lo califico como granuja de profesión: por mentir como mecanismo cotidiano de subsistencia.

Finalmente, encontrará el lector la descripción de algunos rasgos de la conducta personal de Vargas Llosa, comportamiento que, por ejemplo, lo llevó a no pagar un centavo de impuestos al erario del Perú entre 1984 y 1989. En este caso, la bribonería pasó a revestir carácter delictivo. De igual manera, examinaré el antinacionalismo de Vargas, basado en su total ignorancia de la forma cómo crecieron económicamente los países que él, de manera usual, señala como paradigmas de desarrollo.

Economía y política de Mario Vargas LlosaRadiografía de un bribón de profesión convertido en cacaseno neoliberal
"La distorsión y manipulación de los hechos son necesarias en una novela. Se debe mentir sin ningún escrúpulo, pero de una manera tan convincente que el lector acepte las mentiras de uno como verdades. Si se tiene éxito en este engaño algo verdadero nacerá de estas mentiras, algo que no existía anteriormente, algo que no era evidente anteriormente..."(Mario Vargas Llosa 1991, 80)
Si señor, no hay ningún error en el párrafo que usted acaba de leer. ¡Miente, miente, que algo queda! es la inscripción en el escudo de armas del más renombrado novelista del Perú. A la luz de tan singular concepción, deseo formular algunos comentarios sobre una extraña novela de este personaje, publicada bajo el inaparente título de El pez en el agua: Memorias.

Sorprenderá al lector que califique la obra como una novela pero, dadas sus características, resulta ser tal en el estricto sentido que Vargas Llosa atribuye al término literatura y al concepto de novela en particular. Desde este punto de vista, al presentar como descripciones objetivas, sutiles manipulaciones de los hechos, al acoger mentiras de diverso calibre sin ningún escrúpulo, El pez en el agua llena todos los requisitos de distorsión de la realidad que el propio Vargas cree imprescindibles en una obra literaria, en una novela (1).

Sin duda, Vargas Llosa ha cometido el error más grande de su carrera literaria al escribir estas Memorias. Su falta de objetividad y de perspectiva lo convierte en el hombre menos apropiado para esta tarea. Y tan bien conoce Vargas los problemas de transposición que tiene con su memoria, que sólo hace un par de años escribió en A Writer's Reality: "Mi propia memoria estaba siendo deformada por mi imaginación, por mi fantasía. Sentí que existía una presión invencible de mi fantasía para introducir cambios en mi memoria, de manera de tener un mejor documento y mejorar el texto que estaba escribiendo" (Vargas Llosa 1991, 112).

¿Resultan confiables las Memorias de un escritor metido a político que adultera la realidad, hoy con la excusa de "mejorar" un texto y mañana para hermosear sus actitudes partidarias? La respuesta es simple: no. Presentaré como ejemplo de las deformaciones de Vargas, el caso de sus declaraciones tributarias, el mismo que he descrito en un documento publicado en abril de 1991 (2). El incidente relativo al no pago de impuestos del escritor se originó a fines de 1989, a raíz del aviso electoral de la maquinita, en el cual Vargas Llosa trató la relación que según él exis­tía entre el déficit fiscal, la emisión inorgánica de dinero y la inflación. En ese avi­so, Vargas se explayó acerca de los "malos gobiernos" y el "envilecimiento de la moneda", usando como telón de fondo el edificio del Ministerio de Eco­no­mía y Finanzas del Perú.


Escena del vídeo publicitario electoral de Vargas Llosa en el que usó como fondo de su propaganda el antiguo edificio del Ministerio de Economía y Finanzas, ubicado en la avenida Abancay

La réplica del Ministro de Economía y Finanzas al spot fue sencilla. Tomando en cuenta la preocupación de Vargas Llosa por el déficit fiscal –fenómeno originado, entre otras razones, por la negativa a pagar impuestos de aquellos que tienen rentas para hacerlo– solicité públicamente al novelista así como a los demás candidatos a la Presidencia de la República, mostrar sus declaracio­nes juradas de impuestos a la renta de los últi­mos cinco ejercicios gravables. Los peruanos tendrían así la oportunidad de evaluar el grado de con­tribución personal de los políticos a la construcción de los hospitales, escuelas, carreteras y otras obras de infraestructura que propugnaban.
¿Qué hicieron varios de los postulantes a la presidencia que cancelaron sus impuestos año a año? Pues lo obvio: mostrar sus declaraciones juradas con la indicación de los tributos pagados. Altaneramente, en lugar de hacer lo anterior, Vargas Llosa perdió los papeles y respon­dió que sólo entrega­ría sus declaraciones juradas el 28 de julio de 1990, cuando fuera presidente del Perú. Además excretó un sinnúmero de insultos y concluyó que en su Gobierno "no habrían Ministros bribones ni cacasenos".
Cumpliendo con su palabra, el novelista-moralizador nunca mostr­ó a la opinión pública una sola declaración jurada que permitiera acreditar el pago de contribuciones al fisco del Perú. Y es que, al menos entre 1984 y 1989, el escritor nunca pagó un centavo de impuestos al Erario Público. Mientras por un lado este ejemplo de "honestidad política" se consternaba por la existencia del déficit fiscal, por el otro no declaraba ante el Fisco peruano un centavo de regalías por sus libros, subvaluaba su residencia barranquina, e incluía como carga de familia a su hijo Álvaro, el cual por percibir determinada magnitud anual de ingresos propios no podía ser incluido para tal fin (3). De esta forma, Vargas Llosa quedó desautorizado moralmente para hablar de déficit fiscal o de corrupción (4). Sólo a manera de referencia, debo recordar que Spiro T. Agnew, vicepre­sidente de los Estados Unidos durante la Administración Nixon, debió renunciar a su alta investidura por cargos de evasión tributa­ria. Al inicio de la primera Administración Clinton, diversos candidatos propuestos para desempeñar posiciones de secretarios de estado debieron seguir similar camino al comprobárseles diversas faltas tributarias. Que se sepa, nadie en los Estados Unidos, ni demócrata ni republicano, motejó tales hechos como guerra sucia... ¡Por supuesto, El pez en el agua calla el pequeño detalle que Vargas, el moralizador, nunca pagó un centavo de impuestos en el Perú!
Volvamos ahora a la literatura. Si bien novela, El pez en el agua en realidad traspira un carácter de tragedia. En principio lo es para el Perú, pues confirma que la democracia no ha progresado y que el antiaprismo clasista de la derecha sigue dominando la política peruana. Ese torvo sentimiento, cultivado por la reacción conservadora a lo largo de los últimos setenta años, rebosa en cada una de las páginas de El pez en el agua con la misma exacta malignidad con la cual se podía percibir en los años sesenta, cuando leyendo El Comercio era frecuente encontrar insanas menciones al apro-comunismo y a Haya de la Torre, a quien se presentaba bien como Lucy, bien como un ocioso dirigente político e, inclusive, como traficante de drogas.
Transpira El pez en el agua similar odio. En el mundo de fantasías burguesoides del autor de La ciudad y los perros "los malos, (es decir los ladrones y bandidos) son los apristas" (Vargas Llosa 1993, 26). Tal identificación se puede apreciar nítidamente cuando Vargas se refiere a algunos miembros del PAP, amigos de sus abuelos o tíos: "Pese a toda la maldad que el APRA encarnaba, había, en Piura, algunos apristas decentes" (Vargas Llosa 1993, 27). Claro, los pocos "apristas decentes" eran aquellos que eran amigos de la familia del escritor. Nadie más.

En segundo lugar, es trágico para el Perú enterarse a través de El pez en el agua de la meditada inexistencia del patriotismo dentro de la tabla de valores del excandidato. Así lo confiesa Vargas en su obra: "Quizá decir que quiero a mi país no sea exacto. Abomino de él con frecuencia... También sé que... el patriotismo, como escribió el Dr. Johnson, puede ser «el último refugio del canalla»" (Vargas Llosa 1993, 47).

La ausencia de la noción de patria en Vargas Llosa fue algo que percibí siendo ministro de economía, cuando en cierta oportunidad, buscando desestabilizar la débil economía del país y actuando como instrumento de presión de entidades como el Fondo Monetario Internacional, Vargas predijo la inminente expulsión del Perú del seno de ese organismo. En tal ocasión, tratando de poner en claro su rol político de agente de intereses extraños a los peruanos llamé a Vargas cobrador del FMI.

Resalta, además, otro grave defecto en estas trágicas memorias de Vargas Llosa. Me refiero al sorprendente desconocimiento de la realidad sobre la cual escribe. Al respecto, es posible analizar varios casos. El primero de ellos es la acusación hecha por Vargas Llosa respecto a una supuesta "infiltración" aprista en el Poder Judicial. De acuerdo a El pez en el agua "el presidente García, en previsión de lo que podía depararle el futuro, había infiltrado el Poder Judicial de gentes adictas" (Vargas Llosa 1993, 170). Asúmase por sólo un momento la validez de la declaración del novelista, y que, por ejemplo, el juez que bloqueó la nacionalización de la banca fue en realidad un aprista solapado, adicto lector de El antimperialismo y el APRA, y que los jueces encargados de los procesos en contra de los cinco exministros acusados políticamente ante el Poder Judicial escribieron con la mano derecha sus mandatos de embargo por 600 millones de dólares, mientras al mismo tiempo tarareaban el himno del APRA –la Marsellesa– y blandían un pañuelo blanco en la mano izquierda.

Hagamos todos esos supuestos por un instante. ¿Qué sucedería si alguien le dijera a Vargas Llosa que es usual –quizá más bien normal– que en sociedades democráticas los jueces nombrados por los gobiernos pertenezcan al mismo partido del presidente de la república? Sé que Vargas Llosa admira el modelo de gobierno representativo capitalista practicado en los Estados Unidos. Por residir en este país puedo presentar las cifras de orientación política de los jueces norteamericanos. En los últimos sesenta años, desde el primer gobierno de Roosevelt hasta la Administración Bush –y no hay señales que Clinton vaya a significar una excepción en esta práctica– no menos de 81% de los jueces federales ha pertenecido al mismo Partido que el mandatario norteamericano en ejercicio. Sin embargo, a pesar de esta realidad numérica, nadie en esta nación se atrevería a decir que la justicia norteamericana está "infiltrada de gentes adictas al Presidente en previsión de lo que pudiera depararle el futuro".
Jueces federales afiliados al Partido del Presidente y nombrados por el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos
(En %)
Roosevelt, Partido Demócrata, 97%

Truman, Partido Demócrata, 92%
Eisenhower, Partido Republicano, 95%
Kennedy, Partido Demócrata, 92%
Johnson, Partido Demócrata, 94%
Nixon, Partido Republicano, 93%
Ford, Partido Republicano, 81%
Carter, Partido Demócrata, 90%
Reagan, Partido Republicano, 97%

Fuente: Spiro, George W. 1993. The Legal Environment of Business. Principles and Cases. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc.: 130.

Estudiemos un segundo caso, esta vez ubicado en el campo de la estratificación social del país. Para Vargas Llosa todos los peruanos somos víctimas de una "enfermedad nacional" cuyos síntomas son la presencia de "tortuosos rencores, resentimientos y complejos sociales" (5). (Vargas Llosa 1993, 11, 13) ¿Cuál es el origen de estos males? En A Writer's Reality, Vargas Llosa cree encontrarlo en "las muchas divisiones en el Perú" y, particularmente, en las tres que en su opinión son "las más importantes": la división que él llama "racial", la división "entre el Perú urbano y el Perú rural", y la división "geográfica y regional" (Vargas Llosa 1991, 41).

Obviamente, la descripción de la sociedad peruana hecha por Vargas Llosa no incluye clases sociales puesto que esto sería una invitación al uso de "nauseabundas" categorías clasistas que convertirían la discusión en "un gigantesco basural de palabrería populista, socialista y marxista sin contacto con la realidad de los problemas peruanos" (Vargas Llosa 1993, 309). Hasta aquí puede llegarse desbrozando el conocido sesgo ideológico del novelista. Sin embargo, en este caso, su propia experiencia personal lo traicionará. En una rara edición de lo que se podría llamar Vargas contra Vargas, la división del país en clases sociales, implícitamente negada en A Writer's Reality, es reivindicada en El pez en el agua. El novelista descubre –por supuesto, de casualidad– la existencia de clases sociales en el Perú, reflexionando sobre las premoniciones de su derrota electoral, al recordar el "tipo de gente" que acudía a las marchas y mítines del FREDEMO. Precisa Vargas que "quienes estaban allí representaban casi exclusivamente al tercio de los peruanos de mayores ingresos... Esas clases medias y altas se habían afiliado en bloque a un proyecto político" (Vargas Llosa 1993, 447) ¡Qué ironía! Únicamente al intuir su derrota electoral, Vargas percibe que es el representante de los sectores de altos ingresos en el Perú, los mismos que por décadas han explotado las riquezas nacionales y pagado miserias al "cholo barato" (6).

Examinemos un tercer ejemplo. Como se analizó anteriormente, Vargas es un antinacionalista. Citémoslo otra vez: "Mi vocación es de un cosmopolita y un apátrida, que siempre detestó el nacionalismo... El nacionalismo es una aberración humana... una doctrina decimonónica, restrictiva y anticuada, que en América Latina (ha) enfrentado a nuestros países en guerras fratricidas y arruinado nuestras economías" (Vargas Llosa 1993, 47, 429, 433-434). Paralelamente, el excandidato a presidente es un fanático defensor de la "economía libre" practicada en cinco naciones "ejemplo del desarrollo que puede alcanzar cualquier país de la periferia que elija la libertad económica y se inserte en los mercados mundiales: Japón... (y) los cuatro dragones asiáticos: Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur" (Vargas Llosa 1993, 160, 257).

Algunos estudiantes de Ciencias Políticas, Economía, Historia o Relaciones Internacionales sonreirán al leer las anteriores citas, pues demuestran el inmejorable desconocimiento de Vargas respecto a las realidades de los países aludidos. Transparentan además su vulgar intención apologética del liberalismo económico. Examinemos el caso de algunos de estos países.
En Taiwán, como recuerda Robert Wade, la ideología del Partido Nacionalista en el poder, se basó desde un inicio "en el imperativo del nacionalismo" para liberar a China "del yugo de las potencias extranjeras y restaurarla a su anterior grandeza en el concierto de naciones" (Wade 1990, 230). Por esta razón, "la nación, la familia, y la obediencia a la autoridad han sido temas constantes animados en torno a los símbolos de Sun Yat-sen... la bandera nacional, y los Tres Principios del Pueblo (nacionalismo, democracia y trabajo)" (Wade 1990, 244). Estos principios definieron "el rol apropiado del control central y de libertad individual, del gobierno y de los mercados" (Wade 1990, 244). Asimismo en Taiwán, al igual que en los Estados Unidos, los escolares comienzan el día izando la bandera patria, cantando el himno nacional y jurando fidelidad a la bandera. Hasta los pequeñitos en las guarderías infantiles participan en ceremonias diarias de homenaje a la bandera. En los campamentos juveniles y en las fiestas nacionales se despliega la bandera china. Contrariamente a los gustos de Vargas Llosa, cada día, antes de cada función, las audiencias en los cines se ponen de pie para entonar el himno de Taiwán. Luego presencian documentales acerca de los logros económicos de la isla.
En el caso de Corea del Sur, el "herido orgullo étnico" de los coreanos, inducido tras casi cinco décadas de colonialismo japonés, en un reino cuyos límites fueron inmutables por más de mil años, ayudó a generar un poderoso nacionalismo, capaz de soportar la noción de todo el pueblo (sud)coreano como un solo equipo en contra del resto del mundo" (Wade 1990, 322).
Sin embargo, no perdamos de vista el catecismo liberal recitado por Vargas. Para él, "la internacionalización de la vida moderna –de los mercados, de las técnicas, de los capitales– permite a cualquier país, aún al más pequeño y menos dotado de recursos, si se abre al mundo y organiza su economía en función de la competencia, un crecimiento rápido" (Vargas Llosa 1993, 49). ¡Qué simple la visión del novelista! A diferencia de lo imaginado por Vargas Llosa, los gobiernos de las naciones del Sudeste Asiático planificaron sus economías y gobernaron sus mercados.
Contrariamente a lo sugerido por Vargas, Japón y los dragones asiáticos demuestran la importancia de la intervención del estado en la definición de políticas nacionales de inversión y en la canalización de la mayor parte de ese capital productivo hacia industrias estratégicas para el futuro desarrollo de la economía. Los gobiernos de esas naciones utilizaron políticas proteccionistas para generar un conjunto de industrias competitivas internacionalmente y siguieron una conducta cauta respecto al capital internacional. Dieron la bienvenida a las multinacionales, pero orientaron su funcionamiento hacia las exportaciones. Promovieron un sistema financiero bajo estricto control estatal. Y cuando tras décadas de exitoso dirigismo esas naciones entendieron que eran fuertes para competir, entonces y sólo entonces, procedieron a liberalizar gradualmente sus finanzas y comercio internacionales, siguiendo una secuencia preestablecida de etapas progresivas (Wade 1990, 350-371).
Así pues, tamañas inexactitudes respecto al rol del nacionalismo y de los gobiernos en el desarrollo de los países del Sudeste Asiático son científicamente inaceptables. Invito a Vargas Llosa a que diseñe un proyecto de investigación que incluya las hipótesis de ausencia de nacionalismo y de pasividad del Estado en el desarrollo capitalista del Sudeste Asiático. Desde ya le puedo adelantar que no resistirían el más elemental análisis. Sin embargo, detengámonos un instante. ¡A qué extremos hemos llegado en este artículo! ¡Le estamos pidiendo bosquejar una investigación a alguien que "desde muy joven (ha) vivido fascinado con la ficción" (Vargas Llosa 1993, 361), a alguien que tiene gran dificultad para diferenciar entre ficción y realidad! (7).
La anterior discusión permite llegar a un resultado de sentido común. Valoremos en su exacta y justa dimensión lo que tenemos. Vargas Llosa es un gran novelista y en ese aspecto, todos los peruanos estamos orgullosos de él, inclusive hasta aquellos que hemos sido aludidos en sus insultos. En nada menos, pero tampoco en nada más, radica su importancia. Por lo tanto, no pidamos –ni permitamos– que alguien que no cree en el patriotismo, y cuya autoproclamada misión es la de crear arte deformando realidades, intente trascender sus limitaciones e impartir cátedra de estadista. La experiencia de El pez en el agua demuestra que lo único que se obtiene del intento es engañar a un país, degradar a un literato y transformarlo en un mero propagandista de lugares comunes.
Finalmente, haber escrito El pez en el agua resulta más trágico aún para su propio autor. ¡Qué doloroso es encontrar que el principal novelista peruano es un hombre lleno de rencor! ¡Qué inmensa decepción es encontrar que un gran novelista puede demostrar ebriedad sexual y ser a la vez incapaz de amar y, por tanto, incapaz de comprender este sentimiento, como cuando confiesa tener que "simular, por la perspectiva de ser papá, un entusiasmo que no sentía"! (Vargas Llosa 1993, 348). ¡Qué terrible es encontrar a alguien que confiesa "odiar" a su padre "y desear que se muriera"! (Vargas Llosa 1993, 54) ¡Qué profundo dolor significa saber que el más famoso novelista peruano fue incapaz de perdonar a su propio padre, "que nunca supo corresponderle" y que jamás le demostró "más cariño del que le tenía (es decir, ninguno)"! (Vargas Llosa 1993, 339).
Lacerantes han sido los efectos del odio y la amargura en la vida de nuestro afamado novelista. No es de envidiar tener que discurrir una existencia así, atormentada por la renuncia a los conceptos de patria, nación y nacionalidad, marcada por una conmovedora incapacidad para perdonar, con un conocimiento superficial cuando no fantástico de la realidad, limitado más aún por un dogmático sesgo ideológico conservador y un furibundo antiizquierdismo.
Cumpliendo un elemental deber de compasión humana, los peruanos no podemos llamar la atención de un ser en tan doloroso trance. Quizás al escribir una novela se pueda engañar. Sin embargo, cuando se quiere escribir Historia participando en ella como actor político, engañar es inmoralidad. Ojalá que Vargas Llosa logre superar su permanente crisis existencial. Ese es el deseo, inclusive, de aquellos a quienes nos ha querido tocar –y usaré aquí palabras predilectas del novelista– la mierda impresa en El pez en el agua.

Notas
(1) Se debe insistir que para Vargas Llosa literatura es sinónimo de falsedad y ficción. El novelista entiende que la tarea de un "escritor serio" es "distorsionar la realidad y presentar esta distorsión de manera tan persuasiva como para ser percibida por el lector como descripción objetiva del mundo real" (Vargas Llosa 1991, 25, 115).

(2) César Vásquez Bazán. 1991. Respuesta a una infamia. Lima: Economía y Política Editores.
(3) Dicho sea de paso, la gusanera anticastrista de Miami deliraba escuchando a Alvarito, todos los domingos por la mañana, a comienzos de la década de los noventa, animando un programa de propaganda imperial en ese ejemplo de intervención desembozada en los asuntos de otros países llamado Radio Martí.

(4) Vargas Llosa tiene un paradójico concepto de democracia, el mismo que se puede resumir en el apotegma Lo ancho para la derecha, lo angosto para el APRA. Según el novelista, el gobierno constitucional 1985-1990 no tenía derecho a defenderse de sus calumnias. La más disparatada mentira de Vargas, urdida al estilo de sus novelas y echada a rodar contra el régimen de ese entonces, constituía un acto de "moralización" y de "guerra limpia". En cambio, las respuestas del gobierno eran consideradas "golpes bajos" dentro de la "campaña sucia" del APRA contra él.
(5) Tan académica descripción no tiene nada que envidiar a las caracterizaciones de la sociedad peruana que gustaba defender en los claustros sanmarquinos el malogrado científico social, bachiller en ciencias administrativas don Arturo Pacheco Girón.
(6) Por tanto, no sorprende que en su deformada percepción de la realidad, el novelista sugiera que "las reformas actuales han saneado la economía" (Vargas Llosa 1993, 533). Si se llama sanear la economía a reinducir al país en el camino recesivo, eliminando cientos de miles de puestos de trabajo y deprimiendo los salarios a la mitad de lo que representaban en los primeros meses de 1990, tal saneamiento se podría comparar al aseo de un cadáver en preparación de su funeral.
(7) Vargas Llosa sugiere que los latinoamericanos "estamos tradicionalmente acostumbrados a mezclar ficción y realidad en tal manera que ésta es probablemente una de las razones de nuestra impracticidad e ineptitud en asuntos políticos" (Vargas Llosa 1991, 24-25). No se porqué, pero otra vez tengo la impresión que Vargas intenta generalizar a todo un subcontinente la fisonomía de su propio autoretrato político.
Obras citadas
Vargas Llosa, Mario. 1991. A Writer's Reality. New York: Syracuse University Press.
Vargas Llosa, Mario. 1993. El pez en el agua: Memorias. Barcelona: Biblioteca Breve, Editorial Seix Barral, S.A.
Vásquez Bazán, César. 1991. Respuesta a una infamia. Lima: Economía y Política Editores.

Wade, Robert. 1990. Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization. Princeton: Princeton University Press.

© César Vásquez Bazán, 1993Todos los derechos reservadosJunio 7, 1993

La historia de Unión Revolucionaria, el partido fascista del Perú 2015-02-26 14:03:59

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